Procesaron a empresarios del arándano por trata de personas

La fiscal federal Josefina Minatta, apeló la falta de mérito dictada el 31 de marzo pasado por el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, a un empresario imputado del presunto delito de “Trata de personas con fines de explotación laboral agravado” contra, al menos, 190 trabajadores rurales. Se trata del presidente de la firma Extraberries Sociedad Anónima, que -de acuerdo a la investigación- explotaba los campos donde ocurrieron los hechos.

En aquella resolución, el magistrado también había dictado el procesamiento de otros tres hombres: el presidente de la empresa Eureka SRL y dos capataces, tras considerarlos responsables del mismo delito en calidad de autores y, a su vez, dispuso el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos cada uno.

Los hombres se encuentran imputados de haber intervenido en la captación y acogimiento de las víctimas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de provincias del norte argentino, para explotarlos laboralmente en campos de Concordia para la cosecha de arándanos.

Según la investigación, las diferentes víctimas identificadas en cada uno de los procesos refirieron ser “trabajadores golondrinas” que residían en condiciones de hacinamiento en los distintos lugares utilizados por los imputados. Explicaron que se encontraban alejados de zonas urbanas, en condiciones precarias, ya sea en galpones o en viviendas en construcción, con filtraciones de agua, baños de madera tipo letrina y habitaciones construidas con madera. Sostuvieron que allí habitaban hombres, mujeres y niños que compartían baños y se encontraban en malas condiciones de higiene, con cuchetas e instalaciones eléctricas precarias.

De acuerdo a los testimonios, la explotación laboral de esas personas habría consistido en trabajo no registrado en la cosecha de arándanos, con jornadas de 12 horas diarias de lunes a sábados. No se les proveía la vestimenta de trabajo ni elementos de seguridad acordes a las tareas, les descontaban el valor de la comida y de los pasajes de traslado, y no les otorgaban recibo de haberes ni les efectuaban aportes previsionales. Las personas explotadas tenían prohibido trasladarse a sus lugares de origen, se les retenía documentación personal y les prohibían salir cuando tenían problemas de salud, bajo amenazas de ser despedidos, así como también hablar con otras personas.

En su declaración, algunos de los trabajadores dijeron estar a las órdenes de Eureka SRL. La investigación es el resultado de la unificación de seis causas originadas por denuncias presentadas entre 2013 y 2017, acumuladas porque involucran a las mismas personas imputadas.

En el recurso planteado, la fiscal Minatta destacó que “ir hacia arriba en la cadena de responsabilidades forma parte de un criterio de política criminal que está entre las facultades de este Ministerio Público” y agregó que “no se puede dejar de señalar que la propia Cámara Federal de Casación Penal compartió esta perspectiva en más de una oportunidad”.

Quitan la matrícula a un abogado violador 

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) resolvió excluir de la matrícula a Humberto Federico Baridón, abogado que en noviembre de 2021 fue condenado a 15 años de cárcel por violar a su expareja.

Un jurado popular lo encontró culpable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego; abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego; y abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas.

El ahora exletrado, de 47 años, había sido denunciado por su expareja a principios de enero de 2020. La mujer contó en la Justicia que quiso terminar la relación con el acusado, pero que éste no aceptó la decisión. Un día, ingresó de improviso a la vivienda portando un revolver y, tras amenazarla, la violó.

Un año después, Baridón fue declarado autor penalmente responsable de dichos delitos por un jurado popular.

Un auto y una lancha cayeron al río Gualeguay 

[{adj:86323 ]En horas de la tarde los Bomberos Voluntarios de Galarza fueron alertados por un siniestro en el río Gualeguay, más precisamente en el "Paso de la Lana", zona Aldea Asunción, donde un auto enganchado con un trailer con una lancha se habían precipitado al agua, sumergiéndose ambos vehículos.

Afortunadamente el conductor del rodado (un VW) logró salir a tiempo, no sufriendo consecuencia física alguna.

Inmediatamente se solicitó la colaboración a los Bomberos de Gualeguay, que cuentan con una unidad idónea para poder extraer auto y lancha del cauce del río, maniobra que resultó exitosa, constatándose solamente  daños materiales.

Alrededor de las 20 todo había vuelto a la normalidad en el lugar, dio a conocer Cristal.

En puerto Zárate la Aduana secuestró cocaína en un buque

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron 78,7 kg de cocaína a bordo de una embarcación que se dirigía a Países Bajos, en una inspección realizada en la Terminal Portuaria de Zárate.

El procedimiento, que contó con la colaboración de la Prefectura Naval, se dio en el marco del Programa Global de Control de Contenedores, de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Aduanas.

El personal de la Aduana subió al Buque Grande Buenos Aires a inspeccionar la carga y advirtió que un contenedor estaba cerrado con precintos no oficiales. Así, los inspectores aduaneros bajaron el contenedor de la embarcación para escanearlo y constataron la presencia de elementos sospechosos en las imágenes.

En efecto, al abrirlo encontraron tres bolsos de tela azul que en su interior contenían 73 paquetes cubiertos con papel film, con la inscripción de la marca “CAT” —eran 78,700 kg de cocaína, cuyo valor estimado asciende a 1 millón182 mil dólares (USD1.182.000). La Dirección General de Aduanas presentó la debida denuncia e intervinó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay.

Se cree que la droga fue subida a la embarcación con una modalidad conocida como rip-off, que consiste en la contaminación de un envío legal por parte de un tercero, que coloca una carga fuera de regla.

Una posterior investigación de la Policía Federal Argentina en torno a los precintos utilizados para cerrar el contenedor estableció la responsabilidad de un hombre de iniciales G.A.N. en la maniobra. El hombre ya se encuentra preso por otra causa de narcotráfico y será trasladado para declarar por esta maniobra de rip-off.