La causa por presuntas contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana sumó un nuevo giro este lunes, luego de que la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, hiciera lugar a una serie de recursos de queja presentados por la defensa de varios imputados.
Martes, 5 de Agosto de 2025,
8:20
Redacción EL ARGENTINO
Con esta decisión, se revocaron medidas adoptadas por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien había rechazado conceder apelaciones sobre cuestiones sustanciales debatidas durante la audiencia del pasado 30 de junio. Entre ellas, sobresalen el rechazo de pedidos de sobreseimiento, objeciones por falta de causa probable, solicitudes de recalificación legal y el diferimiento del tratamiento de excepciones como la prescripción o la falta de legitimación.
¿Qué implica esta resolución?
La medida implica un nuevo freno al avance de la causa, cuya audiencia de remisión a juicio se encuentra suspendida desde el 21 de julio, a la espera de la resolución de estos planteos. Es, además, otro capítulo en la extensa saga judicial que investiga un presunto fraude al Estado provincial estimado en 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018.
Los acusados y la estrategia defensiva
Entre los abogados que promovieron los recursos que ahora fueron admitidos, figuran nombres conocidos del fuero penal entrerriano:
Emilio y Germán Fouces (defienden a Cardoso, Lázaro y Schneider); Victoria Halle (Speroni y Pagnoni); Tomás Vírgala (Faure); Miguel Ángel Cullen (representa a 8 imputados, entre ellos Aguilera y Almada); Iván Vernengo y Damián Petenatti (Bilbao); Pablo Hawlena Gianotti y Cullen (De Breuil)
De los 32 imputados originales, actualmente 18 siguen procesados. El resto accedió a probation, juicios abreviados o fueron sobreseídos. La causa sigue apuntando a una presunta asociación entre funcionarios, empleados legislativos, estudios contables y particulares que, mediante contratos simulados, habrían sustraído millonarios fondos públicos.
¿Qué sigue?
El nuevo escenario procesal obliga a reprogramar el calendario judicial y revisar nuevamente decisiones que estaban cerca de permitir la elevación a juicio oral. La defensa gana tiempo y margen para continuar cuestionando aspectos clave del proceso, mientras el Ministerio Público Fiscal deberá responder en una causa que ya lleva años sin sentencia.
En suma, el fallo de Castagno representa otro revés para la acusación y evidencia las complejidades procesales de un expediente que expone las fallas sistémicas en el control del gasto público y la fiscalización del personal en la Legislatura de Entre Ríos.
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