
El 12 de abril de 2019, el gobierno de Estados Unidos entregó a Argentina más de 7500 documentos desclasificados que revelan información inédita sobre la represión estatal durante la última dictadura militar (1976-1983).

Redacción EL ARGENTINO
Uno de los aspectos más impactantes de los documentos es la confirmación del funcionamiento de la Operación Cóndor, la red represiva coordinada entre las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay.
Según un informe de la CIA de 1977, los operativos de este escuadrón de la muerte tenían normas administrativas como horarios de oficina, viáticos y reportes de gastos, mientras seleccionaban a sus víctimas por voto mayoritario. La información desclasificada también demuestra que agentes estadounidenses estaban al tanto de estos asesinatos y, aunque algunos funcionarios expresaron preocupación, no intervinieron para detenerlos.
Entre los casos detallados en los archivos se encuentra el brutal asesinato de Marcos Osatinsky, un líder de Montoneros. El informe del FBI confirma que Osatinsky fue torturado y ejecutado por las fuerzas represivas argentinas, que luego ocultaron su cuerpo para evitar que se realizara una autopsia. "Es dudoso que el cuerpo de Osatinsky llegue a aparecer algún día", escribió en su informe el agente del FBI Robert S. Scherrer, revelando que Estados Unidos conocía en tiempo real la práctica de desaparición forzada.
Los documentos también arrojan luz sobre la desaparición de Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, empleados de la embajada de Cuba en Buenos Aires. En agosto de 1976, ambos fueron secuestrados al salir de su trabajo y trasladados a un centro clandestino de detención. Allí fueron torturados durante 48 horas antes de que sus cuerpos fueran arrojados al río Paraná. Inicialmente, la dictadura difundió una versión falsa asegurando que los diplomáticos habían desertado para "gozar de la libertad del mundo occidental".
Otro de los crímenes que salen a la luz en estos documentos es el asesinato de Héctor Hidalgo Solá, embajador argentino en Venezuela. En julio de 1977, Hidalgo Solá fue secuestrado en Buenos Aires en una operación ilegal llevada a cabo por agentes de inteligencia argentinos con el objetivo de extorsionar a su familia. La CIA tuvo conocimiento de este crimen y documentó cómo la dictadura operaba incluso fuera de sus propios límites.
Los archivos también revelan información sobre ciudadanos estadounidenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Entre ellos se encuentra Gwen Bottoli, una militante de la Alianza Socialista de Jóvenes que fue detenida en Rosario en abril de 1976 por distribuir panfletos políticos. En los registros del FBI aparece un documento escrito en español que sugiere que los propios funcionarios estadounidenses alertaron a las autoridades argentinas sobre su actividad antes de su arresto. Bottoli relató que, tras ser detenida, fue sometida a torturas con choques eléctricos mientras la interrogaban. "Realmente tenía mucho miedo de que me iban a desmembrar y que iba a ser todo tan doloroso", recordó Bottoli, quien hoy, a los 77 años, valora la desclasificación de los documentos como una oportunidad para que su historia no se repita.
Las revelaciones también refuerzan el compromiso de Argentina con la justicia. Desde el retorno de la democracia, el país ha impulsado más juicios y condenas contra responsables de crímenes de lesa humanidad que cualquier otra nación de la región. La fiscala federal María Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, destacó que estos documentos son una pieza clave para avanzar en las causas aún abiertas. "Estos documentos van a permitir sin lugar a dudas responder muchas de las preguntas que todavía están pendientes de respuesta", aseguró.
El proceso de desclasificación comenzó en 2016 bajo el gobierno de Barack Obama, con la intención de revisar el rol de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Sorprendentemente, la administración de Donald Trump no detuvo el proceso, a pesar de su política exterior más cercana a la Doctrina Monroe.
Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, subrayó la importancia de estos documentos para evitar el revisionismo histórico. "Estos documentos nos recuerdan la desagradable realidad de los golpes militares y los regímenes que les siguieron", afirmó.
Con estas nuevas pruebas en sus manos, fiscales y organizaciones de derechos humanos esperan que el proceso judicial continúe y que, aunque con décadas de retraso, la verdad finalmente salga a la luz.
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