Volvieron a ratificar el archivo de la denuncia de Davico sobre el tanque en el Parque Seco

Por la denuncia en torno a la colocación del tanque de agua del Parque Municipal de Industrias Secas que llevó adelante la gestión de Esteban Martín Piaggio, Gutiérrez había dictaminado en su Investigación Penal Preparatoria que no se pudo “recrear un ilícito penal por falta de elementos”. 

La denuncia penal de Mauricio Davico, no tuvo asidero en la Justicia de Gualeguaychú porque no se encontraron elementos que demostraran la existencia de un delito. Además, quedó expuesto en el análisis del fiscal, que las personas señaladas como responsables de una supuesta irregularidad “no tenían intención de que el Municipio de Gualeguaychú resulte perjudicado”.

Gutiérrez, en su archivo al que tuvo acceso EL ARGENTINO, enfatizó que “no se encuentra acreditado la posibilidad de que hubiere existido aun potencialmente perjuicio para la administración pública con el certificado suscripto” por el ex Secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Rodolfo García, ni por el ex Subsecretario de Servicios Públicos, Hugo Sacre, ni por el responsable de la empresa metalúrgica D-A S.A., Edgardo Fabián Algarbe.

La factura dejada sin efecto no figuró nunca como deuda flotante y desde el punto de vista contable es algo que en definitiva no existió, no llegó a existir. “Hay coincidencia que el propio García generó que se anule el pago de la parte de la obra por estar inconclusa y que el Municipio nunca tuvo una deuda por ello”, expresó Gutiérrez en su archivo.

“Por otro lado entiendo que se encuentra acreditado que Carlos García, así como también Sacre y Algarbe, no tenían intención de que el Municipio de Gualeguaychú resulte perjudicado. Como se sabe, el aspecto subjetivo de un tipo penal, en particular en este de falsedad ideológica, es de suma importancia”, agregó.

La falsedad material es solo imputable a título de dolo, que requiere no solo la voluntad de cometer una falsedad, sino también cometerla de modo que pueda resultar un perjuicio para un tercero, y esto no representa un resultado objetivo del acto delictuoso, sino que constituye uno de sus elementos. “El dolo aquí no está presente y se puede inferir del hecho que García mismo presenta una nota para que el trabajo no realizado no se pague y da lugar a un decreto que deja sin efecto la autorización de pago”, puntualizó el Fiscal.  Y respecto a la empresa, “Algarbe nunca requirió el pago estando la obra inconclusa”.

“No hay elementos para rebatir la hipótesis de ausencia de dolo por parte de García, Sacre y Algarbe. En un hipotético caso, tal como lo han traído a la investigación, cuentan con mensajería telefónica que no ha sido discutida en cuanto a los participantes, la cual permite inferir que los denunciados no tenían un propósito delictivo”, señaló en relación a los audios de Whatsapp que trascendieron por los medios donde se lo escucha a Domingo Carrazza, el funcionario que tomó el lugar de García, que le indica que no suban el tanque de agua. Estos audios fueron parte de la prueba presentada por la defensa de García y Sacre, y fueron claves para demostrar que no hubo intenciones de delito por parte de los funcionarios de Piaggio.

Una denuncia que nunca tuvo sostén

Tras el archivo dispuesto por Gutiérrez y la inconformidad que presentó la actual gestión municipal, fue el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, quien debió analizar lo dispuesto por el agente fiscal y la conclusión fue la misma: no hay delito.

Beherán coincidió en que “el Arquitecto Carlos García demostró con su accionar posterior a la confección del acta y certificado de obra Nº2, los que en principio daban cuenta de un acto no ocurrido (la finalización de obra), que en modo alguno pretendía un perjuicio o que se desinteresara por la producción de este en relación a la administración pública cuya organización le había sido confiada en razón de su cargo, es decir la obra pública en cuestión, conducta esta que comprende a los demás denunciados ya que tenían una entidad participativa menor en el hecho”.

“Ha quedado sobradamente explicado a tenor de lo expuesto por María del Rosario Sartori, empleada correspondiente al área contaduría del Municipio que el referido certificado no fue cargado en el sistema, que el mismo y la factura que lo acompaña tenían agregados una nota firmada por García que indicaba los motivos por los que no debía abonarse a la empresa y que ante el pedido de explicaciones que le cursó, García le expresó que la obra por estar inconclusa no debía ser abonada”, explicó Beherán en su resolución. 

“Que resulta evidente -así lo menciona Sartori y Bruzzoni incluso- que la factura dejada sin efecto no figuró nunca como deuda flotante del municipio y que desde el punto de vista contable es algo que en definitiva no existió, no llegó a existir”, agregó sobre el punto clave de la pericia que determinó que no hubo pago y por lo tanto no hubo delito.

Además, defendió la actitud proactiva que mostró el arquitecto Carlos García en el traspaso de gobierno. Tuvo un “insistente y sostenido intercambio de mensajes vía Wsap con el Arquitecto Domingo Carraza (futuro Secretario de desarrollo territorial e infraestructura de la Municipalidad de Gualeguaychú en ese momento), que este último reconoce como válida, daba cuenta de que en todo momento pretendía García solucionar la situación relacionada con el avance de la obra contratada sin perjuicio ni perdida alguna para la administración en la cual prestaba servicios y representaba, refiriéndole en varias ocasiones "estoy preocupado..", "hay una licitación y el compromiso en la rendición con el programa nacional, no se puede Flaco....hay que cumplir", encontrando como respuesta de su colega que "no debía preocuparse tanto" por un tema que este último -Carrazza- veía como fácilmente solucionable casi al punto de restarle interés tal como se aprecia del tono que surge de los audios”.

Por último, Beherán concluyó que “queda sobradamente establecido con la prueba recabada en la investigación respecto de los denunciados, que los involucrados buscaron evitar la causación de daños a la administración pública; y de ello da cuenta la actitud asumida con posterioridad a la confección del certificado de obra cuestionado”.

También destacó el accionar del fiscal Gutiérrez que argumentó que la imputación y posible solicitud de juicio, “jamás podría tener acogida favorable en un ámbito jurisdiccional y por ello que la celeridad que en este caso se utiliza para poner fin a una causa sin visos objetivos de concretizarse en una responsabilidad penal, lo que aparece como la resolución que mejor se adapta al presente”.