Acceso a la vivienda: “Los magros sueldos impiden acceder a financiamiento”

Este domingo, el bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú difundió un comunicado en que cuestionaron muy duramente “el despilfarro de fondos públicos en sueldos de funcionarios municipales mientras la crisis habitacional se agrava”. En el documento aseguraron que más de 40 millones de pesos anuales se destinan a pagar los salarios del director de Vivienda, Ariel Destéfano, y de la directora de Gestión de Tierras, María Isabel Romero.

“Es alarmante que, con un presupuesto anual de aproximadamente $40.000.000 destinados a los sueldos de funcionarios, solo se hayan ejecutado $2.000.000 en lo que va del año en políticas habitacionales”, indicaron.

Con el tema en agenda, quien se refirió al mismo fue el secretario de Jubilados y ex secretario General (2018-2021) de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Gualeguaychú, Oscar Ávila, uno de los gremios más fuertes de la provincia. Entre otras razones, porque su política no se reduce a discutir salarios, sino que apunta a atender otras tantas demandas de sus afiliados, como lo es el acceso a la vivienda propia.

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Tal es así que, a través de la paritaria de vivienda, se han construido barrios en Gualeguaychú y en otras tantas localidades de Entre Ríos. Sin ir más lejos, en la ciudad, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), los docentes han podido acceder a barrios como el Barrios Aleu (20 viviendas); Titón (20); Ayala (10) o Magnasco (20). En Urdinarrain y en Larroque, en tanto, con el acompañamiento del Estado, se han construido otras tantas soluciones habitacionales en los últimos años.

Tras los cambios de gestiones, tanto a nivel provincial como nacional, la política de construcción de viviendas sociales ha cambiado. En este marco, Ávila habló del “desconocimiento que la gente tiene de lo que es una vivienda social” y de los prejuicios que se alimentan al respecto.

“Se trata de construcciones hechas por diferentes planes, como el IAPV, las cooperativas de vivienda, la autoconstrucción, etcétera. En todos los casos, el Estado ayuda y se devuelve con una cuota. Muchos de nosotros pagamos 150 cuotas nuestra casa porque antes tuvimos que pagar el terreno donde se construyó”, explicó en diálogo con EL ARGENTINO.

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“Tener una vivienda es un derecho constitucional, no un regalo del Estado populista, como se repite tan sueltamente. La verdad es que quienes accedimos viviendas sociales en cuotas pagamos nuestras casas. Pero muchas veces se intenta mostrar, sea por desconocimiento, perversidad u odio, que los beneficiarios de viviendas sociales son unos vivos, amigos de los populistas que gobiernan”, apuntó.

“Cientos de familias pueden hoy disfrutar de la casa propia, lo que permite ver la vida cotidiana desde otra óptica, y eso gracias a gobiernos que tuvieron políticas públicas que respetan derechos de los ciudadanos”, valoró el dirigente gremial. Y apuntó a “aquellos que celebran el cierre de la Secretaría de Hábitat en la Nación y el nuevo rol financiero del IAPV tienen su techo garantizado”.

“En la reunión que mantuvimos con autoridades de IAPV relataban diferentes acciones que intentan mostrar irregularidades poniéndolas como motivo para no construir más viviendas y transformando al IAPV en una agencia de créditos, haciéndole perder su esencia. Si hubo algo raro se debe actuar en consecuencia y corregir, pero no perder la visión social que tienen los planes de vivienda”, expresó Ávila.

“En muchos casos cada vecino compró su terreno con esfuerzo y luego, a través de una institución (entidad sindical, asociación reconocida, ONG, cooperativa), se donó al IAPV para que se construyeran las viviendas que mes a mes se pagaron en cuotas accesibles para los trabajadores. Y en más de un barrio el Estado también asistió a los vecinos con los servicios y las mejoras necesarias para hacer habitable el lugar”, marcó.

“En el periodo 2015-2019 vivimos la experiencia de no contar con planes de viviendas de la Nación, hoy la situación es similar, con el IAPV de prestamista, el Banco Nación privatizado y magros sueldos que impiden acceder a financiamiento. Es por eso que los trabajadores no podemos dejar de valorar la función del Estado en su rol de distribuidor de justicia”, resumió el gremialista.