El Gobierno decidió prorrogar el período extraordinario para incorporar el tratamiento de la reforma a la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Sin embargo, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso, lo que desplaza el debate a marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias. La intención oficial es cerrar un capítulo que se convirtió en un foco de conflicto político y judicial en los últimos dos años.

Un proyecto con respaldo asegurado

La Casa Rosada confía en que la iniciativa contará con apoyo parlamentario suficiente. Según trascendió, el oficialismo calcula un piso de 131 votos gracias a bloques aliados y sectores dialoguistas, incluidos legisladores de Provincias Unidas. El objetivo es obtener la media sanción en marzo y revertir la situación generada por las leyes impulsadas por la oposición en 2024 y 2025, ambas vetadas por el Ejecutivo, una de ellas posteriormente ratificada por el Congreso.

En las últimas semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las 56 universidades nacionales. Allí se discutió una agenda técnica que incluye salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.

La propuesta oficial no elimina la norma vigente, pero sí plantea cambios sustanciales: reemplazar la indexación automática por aumentos escalonados y revisiones periódicas. El Ejecutivo estaría dispuesto a otorgar una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento respecto de los montos previstos para 2025, con una instancia de revisión en junio para evaluar posibles desfasajes frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mientras tanto, el Gobierno apeló la medida cautelar que obliga a aplicar la ley vigente. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con pedido de efecto suspensivo, luego de que un juez ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias. La estrategia oficial apunta a evitar un nuevo conflicto político y judicial en el inicio del ciclo lectivo y cerrar el tema en el Congreso con una norma que reemplace la actual.

En paralelo, el Ejecutivo reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras tensiones con la Justicia y anticipó que también impulsará modificaciones a esa normativa durante el año.