Docentes universitarios denuncian ajuste y falta de paritarias

Los docentes universitarios volvieron a manifestar su rechazo al incremento salarial del 2% dispuesto por el Ejecutivo nacional para diciembre, al considerarlo “meramente simbólico” frente a la fuerte caída del poder adquisitivo.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, sostuvo que el atraso acumulado supera el 50% y que la medida profundiza la crisis del sector.

Desde el gremio remarcaron que el aumento no sólo queda por debajo de la inflación del mes —2,8%— sino que tampoco reconoce la pérdida salarial arrastrada desde antes de la asunción del actual gobierno. Además, recordaron que continúa sin aplicarse la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras los vetos presidenciales.

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Cáceres Sforza subrayó que el Ejecutivo nacional lleva casi dos años sin convocar a paritarias, incumpliendo un derecho básico de los trabajadores. “En paritarias no sólo discutíamos salario, sino también condiciones laborales y acuerdos que hoy están completamente caídos”, señaló.

La dirigente explicó que un docente auxiliar con dedicación parcial percibe alrededor de 500 mil pesos mensuales, un ingreso insuficiente para sostenerse. Esta situación provocó que durante 2024 se registraran más de 10 mil renuncias en universidades de todo el país. La precarización también impacta en funciones esenciales como la investigación y la extensión, que requieren tiempo y recursos adicionales.

En Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) enfrenta problemas similares: docentes que cobran por hora dictada, sin reconocimiento del trabajo extra que implica la actividad académica. Además, cuestionaron la falta de convocatoria a paritarias provinciales y denunciaron una distribución discrecional del presupuesto universitario.

Los gremios anticiparon que se organizarán para enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, a la que consideran un recorte de derechos individuales y colectivos. Según la dirigente, el ajuste busca avanzar hacia un proyecto de privatización del sistema educativo, afectando la producción de conocimiento soberano y el acceso de los hijos de la clase trabajadora a la educación superior.

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