Aumentó un 50% la cantidad de juicios y condenados en el 2023 en Gualeguaychú

Con la modificación del Código Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos hace 11 años atrás, y la desaparición de la figura del Juez de Instrucción en el proceso judicial, el Ministerio público Fiscal adoptó un papel preponderante en la investigación de las denuncias. Antiguamente este rol era opacado por la función del magistrado, que además de investigar debía garantizar el debido proceso y derechos del imputado, algo que un ex Juez de Instrucción calificaba de “esquizofrénico”.

Con el correr de esta última década, el Ministerio Público Fiscal fue sumando Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares para responder a la gran demanda de denuncias, y así se fueron abriendo oficinas especializadas como ser la Fiscalía de Género, La Fiscalía de Propiedad -que atiende los delitos contra la propiedad (robos y hurtos), y los Agentes Fiscales que se ocupan de los delitos de mayor gravedad, como ser droga, abuso sexual, homicidios, robos calificados por el uso de arma, delitos contra los funcionarios públicos y otros delitos calificados como complejos.

Además, desde el 10 de mayo de 2018 se desfederalizaron – es decir se le quitó total responsabilidad a la Justicia Federal - las causas por narcotráfico a menor escala. Aquí las conocemos como “narcomenudeo”, donde las fiscalías de la provincia tienen competencia para investigar el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; los casos de siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que es para consumo personal o la entrega ocasional y gratuita; y cuando se trate de tenencia para consumo personal. Esto anteriormente era obligación únicamente de los juzgados federales.

Que las causas por narcomenudeo pasaran a la órbita provincial motivó que los fiscales de la provincia tengan mayor cantidad de trabajo, y muchas veces las condiciones para ello no eran las adecuadas, principalmente porque los recursos siguieron siendo los mismos. Y en algunas jurisdicciones originó retrasos de otras causas, por la lógica de que el trabajo era mayor sin sumar más personal especializado.

A pesar de los contratiempos y la burocracia, todo se fue encaminando y en Gualeguaychú se pueden notar los resultados de tener una mejor organización, que permitió que la celeridad de las causas que motivaba este nuevo Código Procesal Penal vigente desde el 2013, no se pierda.

La prueba está en los números comparativos de la actividad judicial penal del 2022 con respecto a la del 2023, donde se incrementaron en un 50 por ciento la cantidad de juicios y personas condenadas, muchas de ellas gracias a la herramienta del juicio abreviado, que consiste en llegar a una condena de hasta 10 años de prisión mediante un acuerdo entre el acusado, su defensa, la fiscalía y la víctima querellante. Es una herramienta que aporta celeridad y economía al proceso penal, con una solución rápida y consensuada del conflicto.

Pero además el acusado debe renunciar de manera expresa al juicio oral, así como aceptar el procedimiento abreviado, admitir su responsabilidad en el delito del que se le está juzgando y renunciar a los plazos procesales de apelación. Es decir, la condena queda firme automáticamente y en el caso de que se trate de una pena de cumplimiento efectivo, inmediatamente es trasladado a prisión.

En el 2022 se registraron 102 sentencias condenatorias en la jurisdicción de Gualeguaychú, en la cual también se encuentra el departamento Islas del Ibicuy, de las cuales 52 fueron de prisión de cumplimiento condicional y 51 de prisión efectiva, en donde en total 115 personas condenadas. De todas estas causas, 63 fueron por delitos en contexto de violencia de género, 11 por delitos contra la integridad sexual y 9 por narcomenudeo, entre las más importantes.

El año pasado estos números se incrementaron. Hubo 155 sentencias condenatorias en total, pero entre las causas más predominantes 58 fueron por delitos en contexto de violencia de género, 21 por violencia sexual y 16 por narcomenudeo. 166 personas fueron condenadas, de las cuales 77 recibieron penas de prisión efectiva y sólo 15 no se encuentran firmes todavía. Esto demuestra que muchas de estas condenas fueron a través de procedimientos abreviados.