Otro golpe bajo más para las personas con discapacidad

Pablo Recchia*

Solemos decir que ella nos inspiró a luchar y militar por una mejor calidad de vida y por la inclusión de las personas con discapacidad (PCD) desde el primer día; y así lo asumimos como un compromiso familiar.

Con altos y bajos, durante todos estos años hemos discutido de igual a igual sobre la realidad del colectivo junto a colegas destacados de nuestro país y frente a cada uno de los gobiernos que han pasado. Son tareas desgastantes y, a veces, carentes de resoluciones inmediatas, pero siempre trabajamos para hacer avanzar el sistema y diseñar políticas públicas que defiendan los derechos de las PCD. Siempre colaboramos y pusimos a disposición nuestra experiencia para generar diálogo y debate desde el respeto, nunca parados desde el lugar de opositores sistemáticos. Todo eso cambió drásticamente con la llegada del gobierno del presidente Javier Milei. Un escenario inesperado, inimaginable, cruel, violento y con un ensañamiento explícito hacia las franjas más vulnerables de la sociedad. Esto no es una mera opinión política; es una descripción de hechos objetivos. Llevamos dos años y medio siendo la variable de ajuste económico de esta gestión para lograr equilibrar las cuentas fiscales, en un contexto sin plan de futuro y plagado de escandalosos hechos de corrupción que hoy ya tramitan en la Justicia.

Nuestro colectivo volvió a retroceder décadas de luchas y conquistas. Un ejemplo contundente fue la publicación del Decreto Nº 942/2025, que dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo autárquico. Al absorber sus funciones el Ministerio de Salud, se consolida una estructura que estigmatiza a las PCD, confinándolas nuevamente al lugar de "enfermos" bajo un modelo médico-rehabilitador, y desplazándolas de su rol como sujetos de derechos. Esta decisión ignora de forma flagrante los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo ratificado por nuestra Ley Nacional Nº 26.378.

El Gobierno dejará de pagarle a las empresas por pasajes gratuitos para personas con condiciones de salud especiales

Resoluciones, DNU, decisiones unilaterales que esquivan el Congreso y el incumplimiento liso y llano de la Ley de Emergencia en discapacidad configuran el panorama actual. Como si todo esto fuera poco, mediante la reciente Resolución Nº 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el Gobierno eliminó el régimen de compensaciones económicas a las empresas de transporte de larga distancia. Con esta medida, el Ejecutivo nacional se desentiende de su responsabilidad fiscal y delega de hecho en el sector privado la carga de garantizar la gratuidad de los pasajes para las PCD y sus acompañantes. Todo un sistema de apoyos y derechos constitucionales, en el que el Estado es el garante principal, está siendo violado de manera sistemática.

Esta última decisión vuelve a poner en alerta roja a las PCD. Modificar el esquema de cobertura implica trasladar a corporaciones comerciales una obligación que le corresponde al Estado en su rol de tutor de derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que cuenta con jerarquía constitucional en la Argentina, establece mandatos taxativos: asegurar el acceso en igualdad de condiciones al transporte (art. 9), garantizar la movilidad personal (art. 20) y proteger frente a los costos adicionales vinculados al ejercicio de estos derechos (art. 28).

¿Cuándo se cobran las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones de junio?

Desde esta perspectiva, disponer de un transporte accesible supera cualquier lógica de beneficio aleatorio, subsidio variable o favor comercial; es una política pública obligatoria derivada de acuerdos internacionales vigentes. El pilar de este modelo es el principio de igualdad real. Conforme a este, las autoridades gubernamentales tienen el deber imperativo de ejecutar políticas afirmativas que compensen las barreras estructurales del entorno, logrando que el ejercicio efectivo de los derechos sea una realidad tangible y no una utopía.

Quienes nos desempeñamos en la gestión pública, el activismo y el debate social mantenemos una disposición permanente a colaborar con cualquier nivel del Estado, aportando nuestra trayectoria en el sector. Rechazamos el partidismo y los acuerdos superficiales que solo buscan un rédito estético o una foto vacía. Nuestro enfoque es estrictamente colectivo, no individual. Hoy ya no se trata sólo de trabajar para llenar el medio vaso que nos falta, sino de defender con firmeza lo poco que nos están dejando. Hacemos política, sí, claramente, pero no en función de una bandera partidaria, sino en la defensa de los derechos que en los últimos tiempos se nos están negando de manera sistemática.

*Referente Nacional en temas de Discapacidad