Organizaciones rechazan cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las organizaciones ASDRA y Red T21 manifestaron su profundo repudio al proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Señalaron que las medidas propuestas implican un grave retroceso en materia de salud, autonomía y derechos, afectando directamente a personas con discapacidad y sus familias.

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Entre los puntos más cuestionados se encuentran el reempadronamiento obligatorio en plazos acotados, la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, y la eliminación de herramientas de actualización y financiamiento. Estas disposiciones, según las entidades, desalientan la inclusión laboral y ponen en riesgo ingresos esenciales para una población históricamente vulnerada.

La eliminación del nomenclador único, que garantiza criterios equitativos en el acceso a terapias y apoyos, fue señalada como un riesgo crítico para la sostenibilidad del sistema. Su liberación permitiría que cada obra social o prepaga establezca valores y condiciones de manera discrecional, generando desigualdades profundas en el acceso a prestaciones básicas.

Impacto en la vida cotidiana

Valeria Follonier, presidenta de ASDRA, advirtió que muchas personas no podrán cumplir con los procesos de auditoría o reempadronamiento por barreras geográficas, económicas o de accesibilidad, lo que podría derivar en la suspensión automática de pensiones. “La pérdida de estos recursos no solo deteriora la salud física y mental, sino que puede generar mayores niveles de dependencia y retrocesos en la autonomía lograda”, explicó.

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Las organizaciones remarcaron que las pensiones por discapacidad son percibidas por una porción mínima de beneficiarios en situación de mayor vulnerabilidad, y no por la totalidad de quienes poseen Certificado Único de Discapacidad.

Vulneración de compromisos internacionales

ASDRA y Red T21 señalaron que las modificaciones desconocen principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina con jerarquía constitucional. En particular, se ven afectados derechos vinculados a la inclusión laboral, la autonomía personal y el acceso a condiciones de vida dignas.

Por todo esto, solicitaron que no se avance con el proyecto en los términos planteados y que se abra un espacio de diálogo real y participativo con organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias.

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Las entidades se sumaron al reclamo de colectivos y referentes que alzan su voz en defensa de los derechos adquiridos, alertando sobre las consecuencias concretas y regresivas que tendría la iniciativa.

Fuente: ASDRA / Red T21