El Certificado Único de Discapacidad en debate

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, desde hace años, la llave de acceso a derechos fundamentales para millones de personas en Argentina. Sin embargo, a comienzos de 2025 se anunciaron modificaciones que generaron confusión: ¿hay cambios reales o todo sigue igual? Mientras el Gobierno asegura que se trata de una simplificación administrativa, especialistas y beneficiarios advierten que la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica sigue siendo profunda.

Los cambios oficiales

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud, dispuso mediante la Resolución 2520/2024 una prórroga automática de un año para los CUD que vencían entre enero y diciembre de 2025. Es decir, esos certificados se mantuvieron vigentes durante todo 2025 y continúan teniendo validez hasta su nueva fecha de caducidad en 2026, sin necesidad de que sus titulares hayan iniciado un trámite de renovación inmediata.

El objetivo declarado es evitar que las personas pierdan beneficios por demoras burocráticas y aliviar la presión sobre las juntas interdisciplinarias que evalúan cada caso. En términos legales, los derechos que habilita el CUD no cambiaron: acceso a pensiones, transporte público gratuito, cobertura integral de salud y rehabilitación, beneficios educativos y laborales.

¿Es lo mismo que antes?

Aquí surge la polémica. Para algunos especialistas en derecho social, la prórroga automática no constituye un cambio sustancial, sino una medida transitoria que ya estaba prevista en la normativa vigente. “La ley siempre contempló la posibilidad de extender plazos en casos excepcionales. Lo que se hizo ahora fue aplicarlo de manera masiva, pero no se modificó la esencia del certificado”, explicó una abogada especializada en derecho social consultada por EL ARGENTINO.

Otros, en cambio, consideran que la medida sí representa un avance, aunque limitado. “Es un alivio para miles de familias que no tendrán que peregrinar por turnos imposibles. Pero no resuelve el problema de fondo: la falta de cumplimiento efectivo de los derechos que el CUD garantiza”, señalaron desde REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad).

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La brecha entre la norma y la realidad

El CUD promete derechos que, en la práctica, muchas veces no se cumplen. Desde Fededis (Federación Argentina de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad), que agrupa a más de 1900 instituciones y familias en todo el país, denuncian que miles de personas ven vulnerados sus derechos diariamente.

A pesar de que la ley garantiza la gratuidad en el transporte público para las personas con discapacidad, en la práctica el acceso suele estar lleno de obstáculos. “Muchos usuarios denuncian que los choferes desconocen la normativa o directamente ponen trabas al momento de validar el beneficio. Lo que debería ser un derecho automático se convierte en una discusión cotidiana, generando incomodidad y vulnerando la dignidad de quienes dependen del CUD para moverse por la ciudad”, mencionaron desde Fededis.

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En concordancia con el organismo la abogada comentó a EL ARGENTINO: “La situación no es muy distinta en el ámbito de la salud. Obras sociales y empresas de medicina prepaga limitan prestaciones, obligando a las familias a iniciar reclamos administrativos o incluso judiciales para acceder a tratamientos y rehabilitaciones que deberían estar garantizados”. El certificado, que en teoría abre la puerta a una cobertura integral, se enfrenta a la resistencia de sistemas que priorizan la burocracia por encima de las necesidades urgentes.

“En educación, la promesa de inclusión también tropieza con la falta de recursos. Muchas escuelas carecen de personal especializado o de infraestructura adecuada para garantizar la integración plena de estudiantes con discapacidad", afirmaron desde Fededis.

Los especialistas coinciden en que el verdadero problema no está en el certificado en sí, sino en la manera desigual en que se implementa. La medida, señalan, funciona como un “parche” que evita la caducidad masiva de documentos, pero no ataca las fallas estructurales que siguen afectando a miles de personas.

A su vez, organizaciones de discapacidad insisten en que la falta de campañas de información claras mantiene a gran parte de la población en la incertidumbre: muchos desconocen los cambios y continúan atrapados en trámites engorrosos. Así, la distancia entre lo que promete la normativa y lo que ocurre en la vida cotidiana se hace cada vez más evidente.

El debate sobre el CUD revela una tensión clásica en la política social argentina: los derechos reconocidos en la ley no siempre se traducen en derechos ejercidos en la vida cotidiana. La prórroga automática del CUD no resuelve los problemas estructurales de acceso y cumplimiento de la Ley.