Menos leyes, más cumplimiento

Nuestro país está alcanzando el clímax en su manía de legislarlo casi todo para cumplir casi nada: al cúmulo de leyes que muy pronto serán olvidadas –e incumplidas– se pretende sumar ahora la sanción a quienes participen en piquetes y corten calles. Es un asfixiante flagelo argentino, qué duda cabe, pero otra vez se apela al recurso de no permitir lo que no podemos controlar, casi un oxímoron.

Alguna vez tendremos que discutir con seriedad la legitimidad de los reclamos que apelan a medios reprobables, desnaturalizando así los motivos más sagrados: como ya se sabe, una causa difícilmente sea mejor que sus mentores.

Pero el camino de la prohibición sistemática de todo lo que no podemos comprender ni encuadrar conduce sólo al absurdo nacional de un corpus legislativo donde miles de leyes boyan en el mar de los sargazos, olvidadas hasta por sus impulsores.

Lejano en el tiempo, el afán prohibicionista del legislador Andrew Volstead produjo en Estados Unidos la famosa “ley seca”, con el resultado de que el país bebió a destajo durante más de una década y se enriquecieron y se fortalecieron las organizaciones criminales. Tarde, claro, y con un alto costo de vidas en el medio, la enmienda Volstead fue derogada. Pero seguimos sin aprender de los fracasos propios y ajenos.

El proyecto presentado por Guillermo Castello, legislador oficialista en la provincia de Buenos Aires, pretende sancionar con la quita de planes sociales a quienes, entre otras cuestiones, corten calles o dañen propiedad pública, olvidando que la suma de los males que originan el desmadre cotidiano comienza en nuestra íntima convicción de que cada uno puede hacer lo que le plazca si tiene una cuota de fuerza para exhibir. Y se corresponde con la actitud renuente de fiscales, de jueces, de policías y de funcionarios que incumplen con sus obligaciones cuando toleran, distraídos, lo que debieran sancionar en el marco de la ley.

Porque no se requieren más leyes que las existentes para recordarles a todos y a cada uno la existencia del derecho ajeno, violado de forma sistemática por quienes se saben impunes y amparados por la inopia oficial. Pero la ecuación debería incluir a un Ministerio de Bienestar Social que ha devenido como por encantamiento en una oficina que quiere pacificar a puro subsidio. Y fracasa en el intento.

Mientras quienes circulan por los arrabales de la ley sean recibidos en despachos oficiales –y salgan esgrimiendo nuevos listados de dudosos beneficiarios– sin aceptar que deben ajustarse a derecho, y los funcionarios no comprendan la magnitud del fracaso en esta materia, seguiremos repitiendo nuestra historia. Esa que nos muestra proponiendo leyes que disimulen nuestra ostensible impotencia.