A pesar del freno del STJ, habrá despidos graduales durante 2015 en el Poder Judicial

Los trabajadores se quejan por lo injusta de la disposición y cuestionan el rol del sindicato AJER; desde el gremio repiten los argumentos del Superior Tribunal de Justicia y dicen que, en adelante, para acceder a un cargo se deberá atravesar un concurso.

Alrededor de 400 empleados judiciales –el número no está claro, podrían ser más o algunos menos– serán cesanteados en los próximos seis meses. Son aquellos trabajadores temporarios que al 31 de diciembre tengan cinco años de antigüedad o menos.

La medida se presentó en el marco de un plan de regularización de la planta de personal del Poder Judicial, que se había analizado previamente en una comisión conformada por magistrados, funcionarios judiciales y representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). El filtro impuesto por la comisión eran los concursos, se dijo, es decir, nadie ingresaría a trabajar en tribunales sin atravesar un concurso.

La idea comenzó a pergeñarse en abril del año pasado a raíz de la “compleja situación que presenta la conformación actual de la planta de empleados del Poder Judicial” y los requerimientos de personal que implicaría la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Paraná, según se planteó en la Comisión de Personal.

Los argumentos esgrimidos en aquel entonces lucen contradictorios: por un lado, se esgrimía la necesidad de fortalecer el sistema de ingreso por concurso y “adaptar la planta (de personal) a las necesidades que supone un servicio de justicia más especializado”; pero, por otro lado, se planteaba “que la cantidad de cargos de la planta del Poder Judicial no ha crecido en la medida en que se han incrementado la cantidad de organismos y causas”.

El filtro de los concursos

“El corte supone un parámetro de justicia, dado que los que tienen menos de esa antigüedad (cinco años), han podido en Paraná, y en la mayoría de las jurisdicciones, rendir concursos abiertos de ingreso al Poder Judicial dos veces, y en el resto de las jurisdicciones por los menos una vez”, fundamentó la Comisión de Personal del STJ, que integran Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone; ampliada con la participaron de la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak; los titulares de los ministerios públicos, Maximiliano Benítez (defensa) y Jorge García (fiscalía); Rubén Chaia y Federico Planas, por la Asociación de Magistrados; y Florentino Agostini, por AJER.

La medida implica que alrededor de 400 trabajadores recibirán la notificación de su despido en los próximos meses.

En tanto, aquellos temporarios que tengan una antigüedad mayor pasarán a integrar “una estructura de personal con derecho a permanencia, pero sin estabilidad, que será destinada a la atención de distintas necesidades que se susciten en cualquier fuero, instancia u organismo administrativo o de los ministerios públicos”. En esta situación quedan otros 200 empleados judiciales.

A la vez, hay un tercer grupo, que son aquellos que desempeñan funciones técnicas, y que fueron exceptuados de la medida y conservarán sus puestos aunque no cumplan con los cinco años de antigüedad que establece el acuerdo del STJ.

Hasta ahí la comunicación oficial.

Despidos en marcha

Un grupo de trabajadores –cuyos nombres se mantendrán en reserva– dialogó con Página Judicial sobre la precaria situación en que se encuentra, con la certeza de saberse con un destino escrito, con la incertidumbre de no tener una fecha cierta y bajo un absoluto desamparo sindical. Los comentarios que se escuchan en el latoso edificio de calle Laprida indican que los telegramas comenzarían a llegar en enero, pero hasta el momento no hubo novedades y los propios trabajadores admiten que no saben cuándo comenzará el cese. “Puede ser cualquier día de los próximos seis meses”, dijeron.