Sumarán opiniones para avanzar en modificaciones a la Ley de Adopción

La comisión de Legislación General de Diputados sumará opiniones de profesionales y sectores vinculados a la niñez para avanzar en las modificaciones a la ley de adopción pero desde una perspectiva que beneficie la “calidad” de la adopción y no sólo la ansiedad de los padres. Las dificultades que presenta hoy el sistema alimentan la ilegalidad. En el Congreso también proponen cambios y hace foco en acortar los tiempos de institucionalización: La espera de un hijo adoptivo, en la Argentina, en la mayoría de los casos, casi nunca es inferior a los 5 años. Según el registro Nacional, hay casi dos mil familias en espera y, de acuerdo a datos de Unicef, son 16 mil los niños institucionalizados.

La diputada Ana D’Angelo explicó que el tema de la adopción, el que trabaja como integrante de la comisión, “tiene muchas aristas” y lamenta la falta de “avances” en el sistema en el que existe “una lista interminable de gente esperando para adoptar pero – propone - es necesario tratar de responder a los derechos del niño y no a los de los mayores para pensar en una adopción de calidad”.

Para D’Angelo, “existe un falso concepto que empuja a sacar el niño del hospital o la maternidad porque se piensa que lo más buscado es un recién nacido pero muchas veces los mejores resultados se encuentran entre niños más grandes” comenta.

“Hay una fuerte búsqueda para lograr que evolucione este sistema pero no se logra trasladar al terreno institucional y frente a la demora de la vía legal, cae la posibilidad de lograr adopciones de calidad” a lo que se suma en Entre Ríos la incertidumbre de una ley que está vetada pero que sigue sin reglamentarse abonada por la diferencia de criterios entre la Justicia y el Consejo del Menor.

# La ley provincial

La Ley 9752, promulgada en enero del 2007, crea en Entre Ríos el Registro Único de Aspirantes a Guardadores con fines de Adopción que deberá coordinar, recopilar, procesar y archivar los datos de este registro, pero parte de su articulado fue vetado a través del decreto 8442/06 “por incompatibilidades” con el Registro nacional. En estos días, el uso de la ley es complejo porque aún vetada, nunca fue reglamentada.

D’Angelo propuso entonces, a través de un proyecto de ley, derogar la Ley N° 9752 y que la provincia adhiera “en todos sus términos” a la ley 25.854 y fija como autoridad de aplicación al STJ.

Entre los fundamentos objeta que con esa ley se mantienen disposiciones que constituyen una violación a la intimidad de los niños, evidenciando un marcado sentido discriminatorio y estigmatizante, lo que en 2005 dio lugar a que entrara en vigenciaa nivel nacional un nuevo sistema sobre los niños en condiciones de adoptabilidad.

(Fuente: RN)