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El proyecto de declaración rechazó el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos, dependiente del Instituto Nacional del Cáncer.
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Redacción EL ARGENTINO
Diputados justicialistas presentaron un proyecto de declaración manifestando “su repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional consistente en el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos y el recorte del Instituto Nacional del Cáncer”. Cuestionaron que “el gobierno nacional ha desfinanciado e incluso eliminado diversos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, evidenciando una definición deshumanizante”.
La autora del proyecto, Laura Stratta, precisó que “el desmantelamiento se basa en suspender las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en echar a gran parte de los integrantes del equipo que trabaja en dicho programa. Esta decisión implica un profundo descuido por los derechos humanos de los pacientes”. Acompañaron a Stratta sus pares de bloque, Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Enrique Cresto, Silvia Moreno, Yari Seyler y Andrea Zoff.
Los diputados indicaron que “desde nuestra posición, es imprescindible manifestar nuestro repudio a estas medidas que ponen en peligro la salud de la población y debilitan la capacidad del Estado para cumplir con su rol. Debemos exigir que se reviertan los despidos, se fortalezcan las áreas críticas y se restablezca la participación en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud no puede ser objeto de recortes ni de decisiones políticas arbitrarias”. En aquella línea, añadieron que “es responsabilidad de todos defender un sistema de salud público, gratuito y de calidad”.
Los legisladores destacaron que “la Federación de Profesionales de la Salud ha denunciado que, desde 2024, cientos de pacientes se han visto afectados por la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos” y añadieron que “se debe a la falta de respuesta de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), disuelta durante la gestión de Javier Milei”. También expresaron que “la Federación estima que, durante el año pasado, al menos sesenta personas fallecieron debido a esta problemática”.
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