Crisis en la calle: piden reformar la Ley de Salud Mental

El hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Antonio Villagra, conocido como “Quito”, en la Plaza 1º de Mayo de Paraná, volvió a poner en discusión los límites de la actual Ley de Salud Mental. Villagra vivía en la calle y tenía problemas psiquiátricos. A pesar de los reiterados intentos de asistencia, su negativa a internarse lo dejó fuera del sistema sanitario.

La provincia de Entre Ríos adhirió en 2016 a la Ley Nacional 26.657 mediante la Ley Nº 10.445, que, entre otras medidas, creó un Órgano de Revisión para velar por los derechos humanos de quienes atraviesan padecimientos mentales. Sin embargo, esa estructura institucional parece ajena a los casos más crudos de abandono en la vía pública.

“Quito no quería ser internado. La ley dice que tiene que ser voluntario. Entonces no había forma de ayudarlo”, explicó Anabella Albornoz, referente de la ONG Suma de Voluntades, en declaraciones radiales. “Lo conocíamos mucho, sabíamos que su salud mental estaba quebrada, y aun así no pudimos hacer nada”.

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Albornoz apuntó contra las limitaciones del marco legal vigente: “No podemos depender solo de la voluntad de una persona que no tiene noción de la realidad. Necesitamos debatir la ley. Hoy la salud mental no tiene respuesta del sistema: solo hay tres caminos posibles para los más vulnerables: la cárcel, la calle o la muerte”.

Además, sostuvo que muchas personas en situación de calle rechazan los refugios municipales no por comodidad o decisión, sino porque no logran sostener normas básicas de convivencia debido a su condición. “La situación de calle no es una elección ni una consecuencia directa de la pobreza. Es el resultado de múltiples vulnerabilidades que confluyen en una emergencia de salud mental que no estamos enfrentando”, advirtió.

Desde su creación, el Órgano de Revisión debe supervisar internaciones, prácticas asistenciales y el respeto a los derechos humanos en los tratamientos. No obstante, Albornoz señala que su actuación ha sido meramente formal. “Estamos pidiendo hace tiempo un protocolo de intervención para estos casos. No se puede seguir improvisando en la calle con personas que necesitan ayuda urgente”, reclamó.

La muerte de “Quito” no fue la primera ni será la última si no hay cambios estructurales, advirtió la activista. “Pedimos que por lo menos su muerte sirva para algo. Que marque un punto de inflexión. Hay muchos más ‘Quitos’ que están girando por la ciudad, invisibles, sin atención, sin diagnóstico, sin redes de contención”.

La discusión sobre la Ley de Salud Mental, su financiamiento y su capacidad de adaptación al territorio se reabre en medio de una crisis profunda. Desde las organizaciones sociales reclaman que no se puede seguir ignorando una problemática que, aunque cotidiana, sigue sin una respuesta concreta del Estado.