Trasladaron a Astiz y otros represores a una cárcel con privilegios

Trasladaron a Astiz y otros represores a una cárcel con privilegios. Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad fueron trasladados desde Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo por orden del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Patricia Bullrich. La medida, ejecutada de forma sorpresiva y nocturna, fue cuestionada por organismos de derechos humanos, que denuncian condiciones de reclusión privilegiadas: celdas individuales, actividades recreativas, clases de teatro, canchas de tenis y talleres de stretching, entre otros beneficios.

El SPF justificó el traslado en la sobrepoblación carcelaria y la necesidad de liberar plazas para mujeres privadas de libertad. La decisión fue comunicada en abril a los tribunales, y en los últimos días se efectivizó con celeridad, incluso sin la antelación que se había prometido a familiares de los detenidos.

Entre los trasladados figuran nueve represores que actuaron en la ESMA —entre ellos, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda y Antonio Pernías—, y otros condenados por los crímenes cometidos en el circuito ABO. También fue derivado Manuel Cordero Piacentini, militar uruguayo implicado en el Plan Cóndor, y Marcelo Cinto Courtaux, vinculado a la represión contra la Contraofensiva montonera. Su hijo homónimo es actual funcionario del Senado cercano a Victoria Villarruel.

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La cárcel de Campo de Mayo había sido clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores. Fue reactivada durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente aloja a medio centenar de detenidos por crímenes de la dictadura, y puede albergar hasta 115. Informes oficiales describen condiciones muy superiores a las de cualquier otra unidad penitenciaria común.

Los organismos de derechos humanos, nucleados en la mesa nacional, expresaron su repudio: “Las penas por delitos aberrantes deben cumplirse en cárceles comunes. No puede haber privilegios para quienes cometieron crímenes de Estado”.

La agrupación H.I.J.O.S Capital también manifestó su rechazo: “No buscamos venganza, pero sí justicia. Este traslado no resuelve la crisis del sistema penitenciario y representa una afrenta a la memoria y a los derechos humanos”.

El traslado fue autorizado por varios tribunales orales que juzgaron a los represores, aunque algunos expresaron reparos. La Cámara de Casación, en fallo reciente, ratificó la vigencia plena de las condenas y rechazó beneficios domiciliarios por considerar que violarían los principios internacionales de justicia.

La movida generó un fuerte repudio político y social, y refuerza las acusaciones de un intento del Gobierno de Bullrich por beneficiar a los condenados por el terrorismo de Estado bajo la excusa de reorganizar el sistema penitenciario.