Rechazan recurso de Fiscalía en el megajuicio contra Urribarri y sus allegados

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el Ministerio Público Fiscal en el marco del megajuicio que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro de Cultura Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario. La decisión se adoptó por mayoría, con los votos de los vocales Germán Carlomagno y Gisela Schumacher, y la disidencia de Miguel Giorgio.

El fiscal Leandro Dato había solicitado que la Corte Suprema de Justicia interviniera tras la decisión del STJ, tomada durante la feria judicial, que revocó las prisiones preventivas dictadas por la Cámara de Casación Penal contra los tres imputados. La mayoría del tribunal provincial consideró que el escrito fiscal no cuestionó de forma concreta los fundamentos del fallo que dejó sin efecto las detenciones, sino que se limitó a objetar la habilitación de la feria y el procedimiento utilizado.

“El recurso no reúne los requisitos para ser considerado por la Corte Suprema. No hay una cuestión federal que habilite su tratamiento”, sostuvo Carlomagno. Para el magistrado, el planteo no atacó el fondo del fallo, que se limitó a dejar sin efecto las prisiones preventivas sin modificar la sentencia condenatoria.

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El megajuicio derivó en condenas en 2022. Pedro Báez recibió 6 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Urribarri y Aguilera también fueron sentenciados, y todos cumplieron prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, cuando fueron liberados por decisión del STJ. Báez cumple desde entonces arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La Cámara de Casación, integrada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, había confirmado previamente la condena contra Báez y rechazado su pedido de libertad, argumentando que existía riesgo de fuga. Ese fallo fue considerado firme al no haber sido apelado por la defensa, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar nuevamente su detención inmediata.

En ese marco, la resolución del STJ vuelve a poner en suspenso esa posibilidad. La Cámara de Casación será ahora la encargada de decidir si corresponde ejecutar la pena, dado que la condena contra Báez quedó firme.

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El caso tiene numerosas ramificaciones. La Cámara de Casación ya había dictado las prisiones preventivas de Urribarri y Aguilera en diciembre, revocando un fallo anterior del Tribunal de Juicios y Apelaciones que las había rechazado. Con ese antecedente, la Fiscalía volvió a insistir con la detención de los tres implicados.

El debate sobre la prisión preventiva, su proporcionalidad y la existencia de riesgos procesales ha sido central en todas las instancias judiciales. En este escenario, la Justicia entrerriana decidió no escalar el caso a la Corte Suprema, desestimando el planteo fiscal y reforzando la resolución que permitió a los exfuncionarios continuar el proceso en libertad o con prisión domiciliaria.