Polémica en la UCR de Entre Ríos por la designación de Paul Reynoso

La designación de Paul Reynoso como protesorero generó rechazo debido a su implicación en la conocida “causa Fornerón”, un caso que expuso una grave vulneración de derechos en la entrega irregular de una niña en adopción.

El caso se remonta al año 2000, cuando la madre biológica de la niña, durante el último mes de embarazo, recibió asistencia de Reynoso, quien le proveía alimentos y productos. Poco antes del parto, él la trasladó desde su localidad hasta la ciudad de Victoria en un vehículo prestado por otro de los imputados. Allí, en el Sanatorio Policlínico Privado, la mujer dio a luz el 16 de junio y, al día siguiente, entregó a la beba a una pareja de Buenos Aires sin el consentimiento del padre biológico, Leonardo Fornerón.

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Fornerón tomó conocimiento del nacimiento y, tras insistentes reclamos, la madre admitió que la niña era su hija. A pesar de que el hombre reconoció su paternidad, la madre reafirmó su decisión de darla en adopción. Así comenzó un proceso judicial irregular que impidió que, durante 17 años, el padre pudiera criar a su hija. Agotadas las instancias legales en Argentina, Fornerón llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 falló a su favor.

La Corte determinó que el Estado argentino violó los derechos de Fornerón y su hija, y ordenó medidas para su efectiva vinculación. Además, señaló la “larga historia de impunidad” en el caso y exigió que los responsables fueran sancionados. En el proceso, el fiscal de la Nación solicitó la indagatoria de diez personas, entre ellas Paul Reynoso, bajo la acusación de haber sustraído y retenido ilegalmente a la menor. El dictamen señalaba que se trató de una maniobra organizada para impedir que la niña permaneciera con su padre biológico.

Más de dos décadas después, la falta de sanciones mantiene abierto el debate sobre la impunidad en el caso. Ahora, la incorporación de Reynoso a la conducción de la UCR reaviva las críticas, cuestionando la elección de dirigentes dentro del partido y su compromiso con la ética en la gestión pública.