
También se avanzó en la integración del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que será completado tras un período de impugnaciones.

Redacción EL ARGENTINO
La Comisión Bicameral de Derechos Humanos de Entre Ríos designó este miércoles al diputado Fabián Rogel (UCR) como presidente y al senador Martín Oliva (PJ) como secretario. La reunión, realizada en el segundo piso de la Casa de Gobierno, contó con la presencia de legisladores de ambas Cámaras, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de derechos humanos en la provincia.
Durante el encuentro se abordó también la integración del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, creado por la Ley Nº 10.563 y modificado en 2023 por la Ley Nº 11.059. Este organismo, de carácter autónomo, tiene como misión prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes en todos los centros de detención del territorio entrerriano, en línea con compromisos asumidos por Argentina a través del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
La Comisión habilitó el período de diez días para presentar impugnaciones a los legisladores propuestos como miembros del Comité: el senador Juan Pablo Cosso, y los diputados Silvina Deccó y Silvio Gallay. Si no se presentan objeciones, su incorporación será incluida en el dictamen a ser elevado a ambas Cámaras.
El Comité también estará integrado por María Emma Bargagna, directora de Derechos Humanos de la provincia, en representación del Poder Ejecutivo, y por los representantes de la sociedad civil Ignacio Journé y Sofía Stamatti, quienes ya vienen trabajando en el organismo desde agosto de 2023.
Durante la reunión, Journé y Stamatti presentaron informes sobre las inspecciones realizadas en cárceles y comisarías, señalando graves problemas estructurales como hacinamiento, deficiencias en salud, alimentación, y situaciones de violencia. Ambos destacaron la necesidad de completar el Comité y contar con presupuesto propio para fortalecer su accionar.
La normativa establece que el Comité estará compuesto por seis miembros, con participación de representantes legislativos, del Poder Ejecutivo y de organizaciones de derechos humanos, garantizando paridad de género y autonomía funcional. Los legisladores que lo integren lo harán como carga pública honoraria, mientras que los representantes de la sociedad civil y la Secretaría Ejecutiva serán remunerados según el escalafón provincial.
Con la constitución de la nueva Comisión Bicameral y el avance en la integración del Comité Provincial, se refuerzan los mecanismos institucionales destinados a prevenir la violencia institucional y garantizar el respeto de los derechos humanos en ámbitos de privación de libertad.
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