Defensas acusan a Fiscalía de cambiar el eje del caso Contratos Truchos

La audiencia de remisión a juicio por la causa “Contratos Truchos” tuvo este miércoles un giro inesperado que provocó fuertes reacciones en la sala de tribunales. El abogado Miguel Cullen, defensor de varios imputados, entre ellos la exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Flavia Beckman, denunció que la Fiscalía modificó sustancialmente los hechos imputados, introduciendo un nuevo enfoque que, a su entender, compromete la validez del proceso.

El cambio fue advertido por Cullen tras el cuarto intermedio que se levantó a las 14.45. El defensor explicó que durante la mañana, el fiscal Ignacio Aramberry había planteado que los contratados cuyas firmas aparecen en los documentos investigados eran en realidad víctimas: personas a quienes se les falsificaron las firmas sin su consentimiento. Según Cullen, esta versión contradice la línea sostenida previamente por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que había considerado a los mismos sujetos como posibles partícipes del delito, razón por la cual las defensas habían solicitado su exclusión como testigos.

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“El hecho por el cual se viene a juicio ha cambiado”, afirmó Cullen ante la jueza Marina Barbagelata. “Fiscalía ahora dice que los contratados son víctimas. Esto no está en la imputación original”, remarcó, y agregó que la nueva teoría compromete el derecho de defensa de Beckman y de otros imputados, ya que se prepararon para responder a una acusación distinta.

En su presentación, Fiscalía había argumentado que muchos de esos contratos eran apócrifos, que los beneficiarios jamás prestaron servicios en las cámaras legislativas y que algunos ni siquiera sabían que estaban contratados. A varios se les habrían falsificado las firmas para endosar cheques y desviar fondos públicos. Algunos de estos presuntos “prestanombres” incluso denunciaron los hechos cuando se enteraron.

Cullen respondió que si esas personas fueron engañadas, no podrían declarar como testigos sin comprometerse penalmente, por lo que su inclusión como testigos de cargo sería inválida. Además, señaló que el giro en la acusación afecta no solo a Beckman, sino también a otros imputados como funcionarios del Tribunal de Cuentas, a quienes se les atribuye haber omitido controles clave que habrían permitido detectar la maniobra.

El MPF sostiene que esos funcionarios actuaron con negligencia o complicidad, al revisar solo una muestra limitada de los contratos, previamente seleccionados por áreas administrativas sospechadas. En su escrito, Fiscalía advirtió que esas omisiones permitieron el mantenimiento de una estructura ilícita durante más de una década, a través de contrataciones simultáneas en ambas cámaras y con beneficiarios que ni siquiera residían en Paraná.

El contrapunto marcó un clima de alta tensión en la sala. Frente al planteo de la defensa, la jueza Barbagelata dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta este jueves a las 9. Solo se sesionará por la mañana, tal como se acordó al inicio de esta extensa audiencia de remisión a juicio.