Motín en la cárcel de Devoto por el cierre de los centros estudiantiles en los penales federales

Internos de la cárcel de Devoto iniciaron un motín el martes 1 de abril por la noche en reclamo de la reapertura de los centros estudiantiles que funcionaban en los penales federales y que fueron inhabilitados por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La protesta tuvo lugar en los pabellones 1 y 5, donde los reclusos prendieron fuego colchones y sábanas, además de colgar banderas en las ventanas. En una de ellas se puede leer: "Tenemos derecho a la educación 1985-2025". Otra bandera exhibida en el penal lleva la inscripción: "La Universidad es de todos. CUD. 40 años".

Según trascendió, el motín comenzó alrededor de las 21:30 y se prolongó por más de una hora y media. Se espera que los internos vuelvan a manifestarse esta noche. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

El reclamo de los presos se produjo más de una semana después de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución que dispone la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Desde la administración de los establecimientos penitenciarios se justificó la medida bajo el argumento de que el funcionamiento de estos centros afecta el principal objetivo del sistema: la readaptación social de los internos.

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Junto con los programas de seguridad criminológica, el régimen penitenciario contempla planes de reinserción social para las personas privadas de la libertad, lo que incluye la realización de tareas obligatorias como el trabajo y el mantenimiento de espacios comunes.

El documento oficial sostiene que "la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales", y también aquellas "necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos —artículo 18 de la Constitución Nacional—, se orientan a compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo".

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Por este motivo, el Ministerio de Seguridad ya había establecido la obligatoriedad de que todos los internos alojados en el SPF "participen en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios".

La Resolución 372/2025 explicó que la asistencia de los reclusos a las jornadas educativas supera los tiempos establecidos y afecta las reglas de progresividad del sistema. También mencionó que esta dinámica interfiere en el cumplimiento del tratamiento penitenciario individualizado, el cual es obligatorio por ley, y que se registraron incidentes de seguridad como consecuencia.

A pesar de esto, el documento oficial firmado por la ministra Patricia Bullrich reconoce que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Este derecho también está respaldado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que permite la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.

Sin embargo, el Ministerio señala que la creación de centros de estudiantes no está contemplada en la normativa vigente. "Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento (que es obligatorio) pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema", sostiene el organismo.

Según explicaron las autoridades, los internos se organizan a través de estos centros de estudiantes, los cuales "invocan la representación de internos estudiantes" y permanecen en esos espacios de lunes a viernes durante toda la jornada, desde las 9 hasta las 18 horas en algunos casos, excediendo ampliamente el tiempo necesario para asistir a clases bajo el pretexto de actividades académicas.