Continúa la evaluación de la Política de Calidad en el Poder Judicial

Se inició el jueves la segunda etapa de la auditoría del Programa de Aplicación de Normas IRAM ISO 9001 de Gestión de Calidad en el ámbito del Poder Judicial de la provincia.

En el encuentro participaron Javier Altamirano y Roberto Dadatto (auditores IRAM), y la representante del Ministerio de Justicia de la Nación, Nerina Paredes. La actividad, que propicia la mejora del servicio de Justicia, se da en el marco del convenio firmado oportunamente entre el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillon y el Ministerio de Justicia de la Nación.

Las reuniones con los auditores fueron presididas por el propio Castrillon; quien estuvo escoltado por la vicepresidenta del STJ, Susana Medina de Rizzo; el vocal Martín Carbonell, en su carácter de coordinador del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), y los responsables del Sistema de Gestión de Calidad, Mariela Cozzi, Noelia Telagorri y Pablo Cattáneo.

En esta oportunidad son auditados los cuatro Juzgados de Familia de Paraná y las oficinas del STJ del área de Compras, Gestión Humana e Informática. Anteriormente habían sido auditados el 11 de diciembre pasado los Juzgados en lo Civil y Comercial Nº 2 y 7 de la capital provincial.

Por mandato y competencia constitucional, el Poder Judicial de Entre Ríos presta el servicio de Justicia, dirimiendo conflictos concretos presentados por los justiciables y contribuyendo a la paz social dentro de su territorio.

Ante ese mandato, el Poder Judicial asumió el compromiso de brindar un servicio regido por los valores de accesibilidad, independencia, celeridad, seguridad, transparencia, confiabilidad, eficiencia y eficacia. También con visión de género, para garantizar la efectiva y pronta tutela de los derechos y el acceso irrestricto a la Justicia, explicó el servicio de prensa del STJ.

Entre los objetivos estratégicos se encuentra la implementación gradual de la cultura de la calidad en las áreas y procesos del Poder Judicial de Entre Ríos, principalmente en los organismos orientados a la atención al ciudadano. El anhelo es seguir mejorando la prestación del servicio a la comunidad y agilizar los plazos de los trámites involucrados para la pronta respuesta a los conflictos sociales.

Además, se utilizarán procesos de medición eficaces para determinar el desempeño de los organismos del Poder Judicial y el grado de satisfacción de los usuarios.

Entre los cambios producidos se destacan el establecimiento de la oralidad en los procesos judiciales y la simplificación de los procedimientos para disminuir el tiempo de duración y la optimización de los mismos a través del uso de manuales e instructivos, herramientas de la calidad y tecnología informática.

Asimismo, se trabaja para propender al expediente electrónico, con la intención de eliminar progresivamente el papel como asiento de las actuaciones.