
Compleja y polémica ha sido la resolución que tomó el juez Mariano Caprarulo en la instancia de apelación respecto a la denuncia de los ex concejales del Pro contra los funcionarios a cargo del autódromo Gualeguaychú. Como no hubo delito, no se los puede sobreseer.

Redacción EL ARGENTINO
El magistrado entendió que hubo una “investigación ilegal” por parte del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, porque el funcionario Mauricio Guerrero, antes de asumir como Juez de Garantías en Concordia, no hizo una apertura de causa como es debido y este error fue suficiente para teñir todo el procedimiento judicial de irregular. Consideró que toda la investigación estaba reñida con la legalidad y en función de eso no había a quién sobreseer.
Luego de abandonar la jurisdicción para asumir como magistrado en la ciudad del citrus, el caso le cayó al fiscal Jorge Gutiérrez, que debió tomar lo que ya se había empezado y tratar de encausar lo que se había iniciado sin una investigación seria. Y como era de esperar, esa causa no avanzó y en febrero pasado, el juez de Garantías Ignacio Telenta, dispuso que no había delito en lo que habían denunciado los ex concejales Olano, Echandi y Leissa.
El actual secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, el actual responsable de la Regional Sur del IAPV, Pablo Echandi, y Alejandra Leissa, que eran flamantes concejales de la oposición, realizaron en 2020 una denuncia contra el ex director de Deportes, Adrián Romani, y sobre quien estaba a cargo del Autódromo Gualeguaychú, Emanuel Arenas. Esa acusación, que tuvo como principal objetivo el impacto mediático, se refirió a cobros indebidos por la utilización del autódromo, que no eran declarados en las arcas municipales.
Hacia fines de febrero se realizó una audiencia ante el juez de Garantías N°2 de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, en donde el fiscal Gutiérrez requería una prórroga para seguir con la investigación y de esa forma analizar si se podía avanzar en una acusación seria y en un hipotético juicio, pero en realidad sucedió todo lo contrario. El magistrado terminó sobreseyendo a Romani y Arenas, y dispuso que no se hiciera lugar al recurso de apelación.
Finalmente se hizo lugar a esa apelación y el martes se realizó la audiencia con el juez Mariano Caprarulo. En ese encuentro quedaron algunas cuestiones en el aire que sólo originaron más preguntas sin contestar, que dos personas que han estado sometidas durante cinco años a un proceso penal aún no tienen una definición legal sobre su situación procesal.
Telenta había dispuesto el sobreseimiento porque había considerado que no había delito, pero Caprarulo entendió que no se los podía sobreseer porque al no haber delito no se los podía configurar dentro de esta figura. En criollo, no se puede sobreseer lo que no existe, pero en su lugar no calificó cuál sería la definición legal y penal para Romani y Arenas.
Según pudo saber EL ARGENTINO, Caprarulo fue muy crítico sobre el accionar del ex fiscal Guerrero y la falta de apertura de causa, a la que calificó de un “error gravísimo” y que a su entender esta falta originaba que la causa fuera inexistente. Para el magistrado, ni Romani, ni Arenas, tenían vínculo con la causa, no tenían estado de sospecha, por lo tanto, no podían ser sobreseídos.
En definitiva, Caprarulo envió la causa al limbo del archivo y ahora el fiscal Jorge Gutiérrez podría empezar desde cero una nueva Investigación Penal Preparatoria, haciendo la apertura de causa que no se hizo en su debido momento. Pero seguramente esto será apelado en Casación por los abogados defensores, Leandro Ferrando y Martín Britos.
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