
Los cambios en los requisitos afectan a beneficiarios de la PUAM y otras pensiones no contributivas, en el marco del ajuste del Gobierno nacional.

Redacción EL ARGENTINO
A partir de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejará de otorgar la pensión por fallecimiento a los adultos mayores que ya perciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La medida forma parte del nuevo esquema de compatibilidades impulsado por el organismo previsional, en línea con la política de recorte del gasto público del Gobierno nacional.
Según lo informado, el beneficio quedará automáticamente excluido para quienes, tras la muerte de su cónyuge, ya perciban la PUAM. Se trata de una compensación clave para personas en situación de vulnerabilidad, que perderán así un complemento económico esencial en una etapa particularmente difícil de sus vidas.
La decisión se enmarca en un rediseño de las prestaciones que administra la ANSES y que apunta a evitar superposiciones entre pensiones contributivas y no contributivas. El recorte también impacta en otros sectores: quienes no cumplan con los requisitos actualizados para mantener la PUAM, entre ellos el de residencia permanente en el país, verán suspendido el beneficio de manera inmediata.
La PUAM está dirigida a personas de 65 años o más, que no cuenten con jubilación ni pensión, y que tengan al menos 10 años de residencia efectiva en el país si son naturalizados. Desde ANSES remarcaron que uno de los controles más estrictos será el cumplimiento de ese requisito de residencia, en el marco de un mayor cruce de datos migratorios.
Para agosto de 2025, los haberes establecidos para la PUAM ascienden a $251.394,80, a los que se suma un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $321.394,80. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el monto llega a $289.970,45 con bono incluido.
Aunque se anunció un aumento del 1,6% en los haberes previsionales, el bono adicional continúa congelado, lo que genera un desfasaje entre ingresos y costo de vida. Así, quienes cobran la jubilación mínima percibirán en agosto $384.305, mientras que la jubilación máxima pasará a $2.114.977,60.
La medida se suma a una serie de ajustes implementados por la gestión de Javier Milei, que prometió aplicar la "motosierra" en el Estado para reducir el déficit fiscal. En ese contexto, la ANSES avanzó con recortes que afectan tanto a nuevos solicitantes como a beneficiarios actuales, especialmente entre los sectores más vulnerables.
El impacto del nuevo criterio se sentirá con fuerza entre personas mayores que dependían de una pensión adicional tras la pérdida de su pareja. Organizaciones de jubilados y defensorías de la tercera edad advirtieron que estas decisiones profundizan la precarización de los ingresos de los adultos mayores, en un escenario de inflación persistente y aumento sostenido del costo de vida.
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