Preocupación federal por la avalancha importadora que golpea a las provincias

La apertura económica promovida por el Gobierno Nacional empieza a mostrar sus efectos más nocivos en distintas provincias, donde se agrava la caída del empleo industrial, se multiplican los cierres de pequeñas y medianas empresas, y crece la preocupación por la pérdida de competitividad frente a bienes importados, muchos de ellos subsidiados.

El escenario más crítico se vive en Buenos Aires, donde entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024 cerraron más de 7.000 mipymes, con una pérdida de casi 77.000 puestos registrados. De ellos, uno de cada cuatro pertenecía al sector manufacturero. Las ramas más golpeadas son textil, calzado y metalurgia. “Esto es un industricidio”, sostienen fuentes del gobierno de Axel Kicillof.

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Córdoba y Santa Fe, históricamente industriales, también están en alerta. La gestión de Martín Llaryora advirtió que los sectores que fabrican bienes de consumo final y dependen de mano de obra intensiva están enfrentando “una competencia desleal” por los bajos costos internacionales. Las denuncias por dumping crecen, especialmente contra productos provenientes de Asia y Brasil. En Santa Fe, la maquinaria agrícola es uno de los rubros más afectados, por lo que se activaron líneas de financiamiento y acciones de promoción internacional.

La estadística es contundente. Entre enero y mayo de 2025, las importaciones aumentaron un 34,3% respecto al mismo periodo del año anterior, totalizando más de USD 30.500 millones, según datos del Indec. El mayor volumen provino de Brasil, China y Estados Unidos, con fuerte incidencia de bienes intermedios, accesorios para bienes de capital y bienes de capital.

En Corrientes, el golpe empieza a sentirse en el sector textil. La empresa Alpargatas despidió recientemente a nueve operarios en Bella Vista, lo que encendió alarmas en una actividad que da empleo a unas 1.500 personas. Según la CIAI, en los primeros cinco meses del año las importaciones de ropa crecieron un 77%.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, apuntó contra la iniciativa de Brasil de exportar azúcar subsidiada al país. “Es imposible competir así”, dijo, y defendió la calidad y el esfuerzo de los productores locales. El intercambio con el país vecino muestra cifras alarmantes: en el primer semestre de 2025 las importaciones desde Brasil crecieron 53%, provocando un déficit bilateral de casi USD 3.000 millones.

En Tierra del Fuego, Gustavo Melella cuestionó la baja de aranceles a productos tecnológicos, como celulares y televisores, lo que pone en riesgo miles de empleos vinculados al régimen industrial fueguino.

Si bien hay provincias donde el impacto todavía no se traduce en crisis —como Mendoza, Jujuy, Río Negro o Entre Ríos— los gobiernos locales observan con inquietud el crecimiento importador y advierten que el margen de acción es limitado. “La política comercial es nacional. Solo podemos hacer ajustes impositivos y acompañar a los sectores más vulnerables”, reconocen.

Mientras tanto, los gobernadores articulan medidas de mitigación: planes de competitividad, baja de tributos provinciales, fomento a la exportación, programas de empleo joven y mejoras logísticas. Pero todos coinciden en un punto: si la apertura continúa sin límites ni regulaciones, el tejido productivo local quedará expuesto a una nueva ola de desindustrialización.