La Corte condenó a Nación, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe por los incendios en las islas del Delta

La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), ante la persistente quema de pastizales en la zona de islas frente a Rosario y Victoria.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Piecas-DP —acuerdo interjurisdiccional vigente desde 2008— es el ámbito adecuado para coordinar políticas de prevención y control del fuego entre Nación y provincias. Entre enero y septiembre de 2020 se quemaron 328.995 hectáreas, equivalentes al 14 % del territorio comprendido por el plan.

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La demanda fue impulsada por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que reclamó medidas urgentes para frenar los incendios y erradicar la quema indiscriminada. La organización advirtió que el humo y el hollín afectaron gravemente la salud y el ambiente de Rosario, y recordó que la mayoría de las islas involucradas pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos, particularmente a Victoria.

En agosto de 2020, la Corte ya había intervenido: declaró su competencia originaria, citó a Buenos Aires como tercero y ordenó conformar un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) dentro del Piecas-DP para adoptar medidas inmediatas de prevención y control.

La defensa de las jurisdicciones

Durante el proceso, las jurisdicciones presentaron sus defensas. Nación sostuvo que la responsabilidad primaria sobre los recursos naturales recae en las provincias. Entre Ríos afirmó que la cuestión se había tornado abstracta por la ausencia de focos activos y atribuyó lo ocurrido a un “estrés hídrico regional”. Santa Fe remarcó que, aunque los incendios ocurren fuera de su territorio, sus efectos la afectan directamente. Buenos Aires negó haber actuado de manera arbitraria y destacó la elaboración de un plan técnico de prevención. Rosario cuestionó su inclusión en la demanda y Victoria reconoció que las islas están bajo su jurisdicción, pero señaló que carece de facultades para intervenir en la extinción.

Finalmente, el máximo tribunal resolvió condenar a todas las jurisdicciones involucradas a ejecutar plenamente el Piecas-DP, incluyendo la instalación de sistemas de alerta temprana, la red de Faros de Conservación, un plan sistemático de control y un plan de manejo del fuego para el Delta.