
Las denuncias por barreras crecieron 275% en un año, según Amnistía Internacional. La falta de insumos y desinformación ponen en riesgo derechos garantizados por ley.

Redacción EL ARGENTINO
Grave retroceso en el acceso al aborto legal en Argentina. En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional presentó un informe que alerta sobre un alarmante retroceso en el acceso al aborto en Argentina, a casi cuatro años de la sanción de la Ley 27.610. El documento, titulado “También es por vos”, denuncia un debilitamiento sistemático de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, atribuido a recortes presupuestarios impulsados por el actual gobierno nacional.
Desde la llegada de la nueva administración, se paralizó la compra y distribución de insumos esenciales, lo que afectó la garantía de Interrupciones Voluntarias y Legales del Embarazo (IVE/ILE). Según el informe, entre 2023 y 2024 la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo cayó un 81%. Esta situación ha generado profundas desigualdades territoriales, afectando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad económica y social.
El incremento del 275% en denuncias, consultas y pedidos de asesoramiento en comparación con el año anterior refleja la dimensión del problema. La mayoría de los reportes se realizaron a través del formulario de atención de Amnistía Internacional, que da cuenta de obstáculos tanto estructurales como informativos. Un 33,67% de quienes se contactaron con la organización afirmaron no saber cómo ni dónde acceder a un aborto legal, lo que pone de manifiesto una barrera informativa crítica.
Uno de los casos expuestos en el informe es el de María, una mujer de Misiones con cuatro hijos y sin obra social, que no pudo acceder a la medicación para un aborto legal en el hospital público por falta de insumos. “Me largué a llorar, sentí que se me cerraban todas las puertas”, relató.
La organización también advierte sobre el debilitamiento de la línea nacional 0800 de salud sexual. A pesar de ser un canal clave de orientación, el 80% de quienes se comunicaron con Amnistía dijeron no haber recibido respuesta del servicio oficial o directamente desconocer su existencia, lo que subraya la ausencia de campañas de difusión por parte del Estado.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que el actual contexto representa “un retroceso deliberado” que busca reinstalar un modelo que relega a las mujeres a roles reproductivos. Y agregó: “Esto no es exclusivo de Argentina; es parte de una tendencia global de erosión de derechos”.
Frente a esta realidad, Amnistía exige al Estado argentino asegurar un presupuesto sostenido para insumos esenciales, campañas informativas, capacitación del personal sanitario y la rendición pública de datos sobre la implementación de la Ley 27.610. En palabras del informe, garantizar el acceso igualitario al aborto no es opcional: es una obligación legal y un derecho humano.
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