Fiscales y empleados judiciales advierten por falta de recursos para el sistema acusatorio

Fiscales y empleados judiciales advierten por falta de recursos para el sistema acusatorio. El avance de la implementación del sistema acusatorio federal enfrenta severas dificultades por la falta de presupuesto y recursos humanos, según alertaron fiscales y empleados judiciales. En una carta dirigida al procurador general interino Eduardo Casal, fiscales de Comodoro Py advirtieron que “la carencia de recursos es notoria” y podría afectar la puesta en marcha efectiva del Código Procesal Penal Federal (Cppf) en distritos clave. Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia se sumaron recientemente a Salta, donde rige desde 2019, mientras que en Bahía Blanca la implementación fue postergada por la emergencia tras un temporal.

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) también expresó su preocupación mediante un comunicado en el que denunció que no se consideraron los presupuestos mínimos necesarios en materia edilicia, informática ni de recursos humanos para sostener el nuevo modelo. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) reforzó estos planteos, subrayando los reiterados reclamos por recursos humanos y técnicos indispensables para asumir las tareas que demanda cada jurisdicción bajo el nuevo esquema.

Fijaron el nuevo monto del salario mínimo, con subas escalonadas hasta agosto

Casal ya había enviado en marzo pasado un oficio al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, solicitando la asignación de los fondos necesarios para avanzar de forma ordenada en la reforma judicial. Según las asociaciones del sector, la vorágine de la implementación puso en evidencia la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo una coordinación urgente entre la Procuración General, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General para asegurar el funcionamiento en más de nueve provincias.

Los funcionarios judiciales insistieron en que es prioritario contar con infraestructura, herramientas tecnológicas y personal suficiente antes de avanzar con el nuevo modelo, para evitar que la falta de planificación ralentice el servicio de justicia o afecte gravemente a los trabajadores del sistema.