
La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que había condenado al Estado Nacional a aportar información sobre la ex Ciccone Calcográfica, a raíz del pedido que hizo el ex diputado opositor Ricardo Gil Lavedra, mientras avanzaba en la causa penal que compromete al vicepresidente Amado Boudou.
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Fuentes judiciales informaron que el máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario del Estado y confirmó un fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que obligó a la Inspección General de Justicia a aportar información sobre la ex Ciccone Calcográfica.
Se trata de un pedido de información hecho por Gil Lavedra para que el organismo aporte información sobre si la empresas, luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana, estaba inscripta, y en tal caso aportara copia de sus estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, y domicilios de los mismos.
El Tribunal, que volvió a fallar tras el fallecimiento el pasado domingo del juez Enrique Petracchi, valoró que Gil Lavedra "en su condición de ciudadano se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la administración".
Los jueces reprocharon que en su planteo, el Estado no cuestiona que el diputado cuenta con la calidad de ciudadano, "ni tampoco se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar interés o afectación directa".
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