La exfuncionaria menemista María Julia Alsogaray afrontará desde el martes su quinto juicio por hechos de corrupción, a raíz de su paso por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, y se expone ante una nueva condena además de otras dos que registra.
Lunes, 27 de Octubre de 2014,
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En este nuevo juicio, Alsogaray será juzgada junto al entonces subsecretario de Relaciones Institucionales Enrique Kaplan y los arquitectos Santiago Bignoli y su padre Arturo.
La imputación hacia Alsogaray es por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Concretamente, se la acusa de haber cedido la concesión de una obra a los Bignoli sin previamente haber hecho una licitación, y luego fraccionar la misma para que no superara los 100 mil pesos, límite a partir de la cual es obligatorio un proceso de selección.
Las obras encargadas a los Bignoli fueron para el edificio de la Secretaría, en Corrientes y San Martín, entre 1995 y 1998, y se abonó accediendo a un fideicomiso del Banco Ciudad de cuatro millones de pesos.
La sospecha es que la entonces funcionaria contrató por decisión directa a los Bignoli, sin respetar los procedimientos para elegir a los proveedores.
La causa, por la cual la exfuncionaria estuvo detenida pues el juez Rodolfo Canicoba Corral le dicto un procesamiento con prisión preventiva, se había iniciado en el 2000 tras una
denuncia hecha por la Oficina Anticorrupción, querellante en el juicio que se avecina.
Sobre las obras también pesa la sospecha de pagos de sobreprecios hasta llegar a más de 400 por ciento, tal cual consta en la causa que ahora será juzgada por el Tribunal Oral Federal 6,
el cual tiene concentrados todos los procesos contra la también extitular de la telefónica estatal ENTEL.
Como fiscal de juicio intervendrá Sabrina Namer y la querella será de la OA, en el juicio que se llevará a cabo los martes y jueves y contará con la declaración de unos 80 testigos.
No es el primer juicio contra Alsogaray, sino el quinto, y ya cuenta con una condena de tres años de prisión por enriquecimiento ilícito, y otras dos de cuatro años cada una tras su paso por la Secretaria y ENTEL.
Las dos últimas condenas fueron en menos de un año, entre 2013 y 2014: una por las irregularidades a raíz de un contrato fraudulento en 1994 de la entonces ENTEL con la Unión
Transitoria de Empresas (UTE) integrada por KPMG, Copiaga SA y el estudio Fernández Madero para la liquidación y certificación final de contratos de obra pública.
La otra condena en su haber, también de cuatro años, es por la contratar de manera irregular de pasantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales, entre 1992 y 1995.
No obstante, aún sin tener en cuenta el juicio que arranca este martes, la exfuncionaria tiene pendiente otros dos juicios en su contra, y recientemente recibió una buena noticia al ser
absuelta por la concesión de terrenos de la ex ENTEL.
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