Repudian en Gualeguaychú el decreto de Milei que patologiza y excluye

El sistema de protección social para las personas con discapacidad debe basarse en un enfoque inclusivo, que reconozca y elimine las barreras sociales, no en un modelo médico que las patologice y las excluya. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei se esfuerza en hacer todo lo contrario.

En las últimas horas se conoció el decreto publicado en el Boletín Oficial, en donde se expone un baremo para la evaluación de invalidez laboral en el otorgamiento de pensiones no contributivas, que utiliza terminología considerada obsoleta y discriminatoria. La resolución enfatiza sobre criterios médicos para evaluar la discapacidad, en donde se emplean términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para la calificación del Coeficiente Intelectual.

Discriminación explícita

Verónica Landó es una ex funcionaria municipal con una enfermedad neuromuscular que la ha llevado a vivir con discapacidad motriz desde su infancia. A pesar de cualquier impedimento físico, su esfuerzo la llevó a conseguir los títulos de Operadora en Psicología Social, profesora de Pedagogía, diplomada en Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local y en Gestión en Salud. Fue directora de Salud Municipal en la gestión de Juan José Bahillo y referente del área de Promoción y Equidad de la Dirección de Derechos Humanos en la gestión municipal de Esteban Martín Piaggio.

Las personas con discapacidad son "idiotas", "imbéciles" o "débiles mentales"

“Ver estas decisiones políticas generan angustia y tristeza. Pensar en tantas personas luchando por los derechos de las personas con discapacidad y ver cómo se nos van quitando sin piedad, desde un discurso cargado de odio, es muy triste”, contó a EL ARGENTINO.

Landó explicó que la Resolución 187/2025, a pesar de afirmar que se ajusta a la legislación vigente, se contrapone al ordenamiento jurídico argentino, que, mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ha adoptado el modelo social de la discapacidad. “Este modelo entiende que la discapacidad no es una deficiencia individual que debe ser "rehabilitada", sino el resultado de la interacción entre las características de la persona y las barreras sociales existentes. Desde esta perspectiva, las barreras estructurales y actitudinales son las que limitan la participación plena de las personas con discapacidad, y es el Estado el encargado de eliminar esas barreras para garantizar su inclusión”.

“El lenguaje utilizado en la resolución es profundamente discriminatorio, recurriendo a términos obsoletos y peyorativos como "retraso mental", "idiota", "imbécil" y "débil mental", que refuerzan estigmas dañinos hacia las personas con discapacidad. Esta terminología no solo es insultante, sino que va en contra de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve el respeto a la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”, agregó la ex funcionaria.

Además, “otro aspecto fundamental es que la resolución fue adoptada sin la participación de las personas con discapacidad ni sus organizaciones”, manifestó Landó a EL ARGENTINO.

Enérgico rechazo

La Fundación Incluir de Gualeguaychú, que tiene a Pablo Recchia como presidente, también rechazó “enérgicamente la reciente publicación en el boletín oficial que por "decreto" y por sobre la constitución declaran a las personas con discapacidad en forma retrograda y violando claramente los derechos humanos”.

“Tantos años de lucha por conquistas en derechos, se ven ninguneados por personas repudiables que ocasionalmente toman el poder político, omnipotentes, y violan derechos universales”, se informó desde la fundación dedicada a la integración plena de las personas con discapacidad.

Por último, se enfatizó: “Esto claramente debe ser cuestionado, repudiado y obliga a levantar las banderas de lucha por los derechos de todos los colectivos de personas con discapacidad”.