Las personas con discapacidad son "idiotas", "imbéciles" o "débiles mentales"

Siete organizaciones alertan que la Agencia Nacional de Discapacidad discrimina y estigmatiza al evaluar a los beneficiarios con categorías denigrantes que se dejaron de usar en los "90 por ser contrarias a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los criterios para otorgar asignaciones estatales a personas con discapacidad despertaron tensiones entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones del sector. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) decidió profundizar lo que considera una revisión necesaria para evitar fraude. Sin embargo, lo que cuestionan desde el colectivo es que en ese proceso ignora la legislación vigente, retrocede en materia de derechos humanos y que hasta avala la discriminación y la estigmatización.

En 1997 se reglamentó el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral y distintas normativas habían flexibilizado criterios para hacerlos acorde a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento de Naciones Unidas, que en Argentina tiene rango constitucional, entiende que la discapacidad no impide trabajar, pero que a la vez las personas con discapacidad enfrentan barreras por las cuales es necesario brindarles una asignación.

Pero en el decreto 843 del año pasado se retrotrajo la cuestión, en gran medida, a la normativa de 1997, cuestionada por Naciones Unidas. Junto con este decreto, la ANDis anunció que los beneficiarios de estas pensiones serían evaluados, ya que análisis preliminares daban cuenta de inconsistencias. Precisamente, en los últimos días beneficiarios de las pensiones comenzaron a recibir citaciones para que una junta médica los evalúe. Con la supervisión del Ministerio de Salud y Pami, la ANDis anunció que se revisarán 1 millón de pensiones.

Para ello, en enero la ANDis sacó una resolución, la 187, que no solo vuelve a enfatizar criterios médicos para evaluar la discapacidad (los beneficiarios deberán acreditar una "invalidez laboral" del 66% en lugar del 76% de la normativa original). Además, en el anexo de la resolución se emplean términos discriminatorios, como "idiota", "imbécil" y "débil mental". Eso se incluye a la hora de describir "retardos mentales".

Las nuevas clasificaciones de ANDIS sobre personas con discapacidad: IDIOTAS, IMBÉCILES o DÉBILES MENTALES:

Según el Coeficiente Intelectual (CI) los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo;

30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias;

60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual;

70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura.

Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.

Ante esta situación, siete organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa.

"Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad. Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención, que en el artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos. Usar estos términos es contrario a los deberes que establece este artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación", señala Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ.

En esa línea, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), califica el uso de esos términos como un acto de "violencia institucional sin precedentes". La exdiputada nacional socialista (2013-2017) enfatiza que "es un acto discriminatorio que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas. Hablar en términos tan peyorativos que denostan a la otra persona es una terminología muy violenta. Si ya está escrito en una norma, es grave".