La Asamblea responsabiliza a Bahillo por lo que pueda suceder a los ciudadanos querellados

La Asamblea resolvió movilizarse hoy a las 12:30 al Palacio Municipal para exigir la presencia del intendente, Juan José Bahillo, a quien le pedirán explicaciones sobre la actuación del Gobierno Nacional al que él adscribe.

En este contexto, le pedirán que asuma la representatividad del pueblo al que encarna. Y lo harán responsable de lo que les pueda ocurrir a aquellos ciudadanos que fueron denunciados por el PEN.

En realidad, la fuerte apuesta del Gobierno Nacional al criminalizar a la protesta social es la muestra evidente del divorcio de un gobierno que más allá de lo enunciativo, nunca hizo propia la causa de todo un pueblo contra la contaminación de una planta ilegal o si se prefiere, un enclave colonial en el río Uruguay.

Es, en verdad, el último paso de una serie de traiciones que se inició tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el que dio luz verde a las bocanadas contaminantes de una empresa de la que aceptó que se instaló de manera irregular al violar el Estatuto del Río Uruguay.

Otra vez quedaron en evidencias las trampas de un sistema que, bajo el disfraz de la democracia, se muestra como representativo, cuando en realidad canaliza los intereses de unos pocos. Un mecanismo históricamente instalado en el Río de la Plata para favorecer a los poderosos sin importar el alto precio que deban pagar los ciudadanos a quien dicen representar. Es que nadie se anima a desmantelar un sustancioso negocio para los intereses espurios de siniestros personajes. Cristina y Néstor Kirchner, José Mujica, Luis Almagro, Aníbal Fernández, Julio Alak, Guillermo Guastavino, Juan José Bahillo –la lista puede ser interminable e incluye también a la gran mayoría de los dirigentes políticos opositores- son rehenes de un sistema nacido y desarrollado para preservar los intereses de los más poderosos.

Son los pulpos trasnacionales como la ilegal Botnia los que terminan digitando decisiones como la de ayer, donde las repúblicas se ponen de rodilla a esos intereses espurios, pero se alzan contra el legítimo reclamo de una comunidad que no quiere renunciar a su más legítimo derecho a vivir en un medio ambiente sano.