Investigan a médico por abandono de persona en el conflicto de Iosper

Denuncia y falta de atención

La paciente, afiliada a Iosper, fue diagnosticada con cáncer de piel hace un año y recibe inmunoterapia cada 21 días en el Centro Oncológico Integral de Gualeguaychú. Sin embargo, el 30 de enero, le informaron que no podían aplicarle el tratamiento a menos que abonara $121.000 debido al corte de la obra social. Al no contar con ese dinero, buscó alternativas de pago o reintegro, pero no obtuvo respuestas.

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Desesperada, acudió al Hospital Bicentenario, donde la atendieron, pero no pudieron aplicarle la medicación porque no tenían acceso a su historia clínica ni indicaciones médicas. Al intentar obtener estos documentos en el centro oncológico, le exigieron un turno con su médico, quien estaba de vacaciones hasta el 10 de febrero.

Intervención de la Justicia y de Iosper

La falta de acceso al tratamiento llevó a la paciente a presentar una denuncia en la Policía, lo que activó la intervención de la Procuración General y la Fiscalía. “Podría existir el delito de abandono de persona, tanto por la negativa al tratamiento como por la retención de la historia clínica”, señalaron fuentes judiciales.

Iosper, por su parte, intentó buscar soluciones. La subinterventora Marina Alegre explicó que la obra social gestionó el pago directo al centro, pero fue rechazado por el corte de servicios. También se ofreció un reintegro, pero sin recibo de pago, la paciente no podía solicitarlo. Finalmente, lograron que recibiera la medicación en otro centro privado.

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Conflicto con los médicos y situación legal

El conflicto entre Iosper y los profesionales de la salud se debe a la falta de pago de las prestaciones de octubre y noviembre de 2024. Los médicos reclaman la cancelación de la deuda antes de restablecer el servicio, mientras que Iosper sostiene que solo negociará una vez que se levante el corte.

Desde la obra social cuestionaron la falta de atención a la paciente y señalaron que no se debe poner en riesgo a personas con enfermedades graves. La investigación sigue en curso, y el caso podría derivar en sanciones legales para los profesionales involucrados.