Escándalo en la Justicia local por un concurso de psicólogos

Otros se ofenden si se les recuerda que el pueblo acuñó un sabio mandamiento: “Hacete amigo del juez” para dar a entender que en esta viña hay ahijados y padrinos. Lo cierto es que la sociedad intuye que los palos son para los que menos tienen y que la impunidad anida también en el Poder Judicial.

En estas horas se vive un escándalo denunciado por un grupo de psicólogos que participó del concurso para ser parte del equipo interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de la Pena N° 2 dirigido por el Dr. Carlos Rossi.

Este concurso se realizó en noviembre del año pasado, justamente por la importancia científica que aporta un psicólogo en un juzgado de esta naturaleza, que asiste al juez realizando las evaluaciones criminológicas de los condenados a una pena. Es oportuno recordar que el juez de Ejecución de Pena atiende a las personas sobre las que ya pesa condena por haber cometido alguna clase de delito. Y de esos informes surge luego la evaluación si un condenado puede acceder a la salida transitoria o a otro beneficio.

La denuncia de los psicólogos advierte que once profesionales “matriculados en Entre Ríos se inscribieron con sus carpetas de antecedentes. Las sorpresas comenzaron cuando quince días después se presentaron a ser entrevistados y recién en ese momento se les notificó un mecanismo de evaluación que parecía beneficiar a Franco Carboni (hijo del ex juez Sergio Carboni), que ocupa el cargo de suplente desde hace un año”, denunciaron textualmente los psicólogos a través de un comunicado enviado a EL ARGENTINO.

“En el reglamento de ingreso al Poder Judicial se acredita por distintos antecedentes: trabajos realizados en la Justicia, desempeño en la administración pública, tareas técnicas, docentes, publicaciones científicas y antecedentes educativos, entre otras. En este nuevo reglamento que se encontraron los concursantes -después de haberse inscripto- se pondría excesivo peso en el trabajo y la formación penal no formal en desmedro de la formación como psicólogo o la formación tradicional (con exámenes y asistencia). Hasta allí parecía que algunos de los concursantes con 10 y 18 años en el sistema público o penal podrían ser reconocidos, dejando de lado a los que tenían más capacitación”, sostuvo el grupo afectado.

Mayor aún fue la sorpresa de los psicólogos cuando el “lunes 10 de junio fueron notificados del orden de mérito (que les dejaba poco margen para impugnar, apenas 24 horas) y notaron que el reglamento había sido cambiado nuevamente el 7 de junio, y una vez más beneficiaría al hijo del ex-juez”, denunciaron.

“El reglamento de diciembre de 2012 –notificado luego de la presentación de los postulantes- ya resultaba perjudicial para varios colegas. Por ejemplo, la licenciada Marina Simón que además de licenciada es master y doctora, no tenía ningún ítem para que este esfuerzo que le llevó cursar y aprobar más de 30 materias doctorales, cuatro años de prácticas, y una tesis doctoral le fuera reconocido en el puntaje”, advirtieron.

“El nuevo reglamento de junio de 2013 produce un dictamen que es directamente sorprendente. Por ejemplo, el licenciado Eduardo Galotto que hace 18 años trabaja en la cárcel de Concepción del Uruguay obtiene seis puntos para competir contra los cuatro de Carboni, que los obtiene acreditando menos de un año de trabajo en el Juzgado y tres pericias”.

Otro ejemplo que expusieron los psicólogos, “es que la licenciada Catalina Gil, que acreditó un postgrado de psicología forense en el que tuvo que cursar varias materias y rendir exámenes, obtiene por el esfuerzo menos que Carboni por sentarse en el auditorio de dos jornadas sin evaluación”.

El licenciado Andrés Mazur, con 198 fojas de antecedentes, notó “con sorpresa la velocidad de Carboni para capacitarse ya que presenta dos cursos con fechas casi superpuestas. Mientras que otros postulantes trabajan y se capacitan desde 1992, gran parte de los antecedentes que le valieron el cargo a Carboni son de 2012”, resaltaron. “En los antecedentes de dicho año, sorpresa también se llevó la doctora Marina Simón quien fue disertante en un congreso de Criminología y no recibió puntaje por ello, pero Carboni por ser asistente al mismo congreso obtuvo puntaje”. Los ejemplos siguen: “la licenciada Fermina Calle no salió de su asombro cuando el puntaje la colocó en el tercer puesto pero en el orden de mérito apareció número 10”.

“Luego de los numerosos ejemplos que sorprendieron a los concursantes en la evaluación de antecedentes, al actual suplente le hubiera costado obtener un puntaje muy superior a los demás, pero el jurado también otorgaría la nota más alta en la entrevista personal”, advirtieron los psicólogos.

“En esta entrevista, se observaría que todos los psicólogos con menos años de experiencia obtuvieron mayores puntajes. En el dictamen, por ejemplo, si se dice que Galotto con 18 años de experiencia en una cárcel le dan 10 puntos; pero otra postulante, quien admitió no conocer la ley de Ejecución Penal, obtuvo 20 puntos”.

Los psicólogos enfatizaron que “todos los ítems del reglamento parecerían ser redactados para beneficiar al actual suplente en el cargo y negar o desinflar los antecedentes de otros postulantes con mucha más trayectoria”.

De todos modos, los psicólogos no se asustaron por los pocos plazos ofrecidos (apenas le dieron 24 horas después de seis meses) y ya se acreditaron al menos cuatro impugnaciones que reclaman un orden de mérito más justo y que se evite el acomodo.

Jurado. El jurado que participó y permitió esto estuvo integrado por los doctores Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Carlos Rossi.