Denuncian al Fiscal de Estado en el juicio por “Amarras”

En el juicio por el barrio náutico “Amarras del Gualeguaychú”, que lleva ya casi una década, a las 11:09 del viernes 4 de agosto, el Juez Javier Mudrovici firmaba una Resolución disponiendo el cese de los trabajos que se llevaban a cabo en el lugar, y rechazaba una presentación del Fiscal de Estado, protegiendo a la empresa constructora.

Exactamente ocho minutos después ingresaba al despacho del Juzgado N° 3 un escrito del principal acusador en el proceso, Julio Majul, donde se explicitaba un pedido de rechazo del escrito del Fiscal de Estado (ignorando que ello ya había sido resuelto por el Juez), por considerarlo “i procedente e inconstitucional”.

Fundamentos durísimos contra el fiscal

En su presentación, Majul hace duras consideraciones sobre el desempeño del Fiscal de Estado, Julo Rodríguez Signes. 

Comienza recordando que la Constitución (art. 209) encomienda al Fiscal de Estado “defender el patrimonio del Estado provincial”.

A continuación, enfatiza que el Fiscal de Estado no ha hecho declaraciones por los hechos de corrupción denunciados contra el patrimonio provincial, como los del urribarrismo o “el más tremendo caso de apoderamiento ilegítimo de fondos públicos, donde han desaparecido 50 millones de dólares, según pericias oficiales”, como es el tema de los llamados “contratos truchos”, donde han actuado legisladores del oficialismo y la oposición. 

Contrapone Majul la inacción del Fiscal en estos casos terribles de corrupción con su reciente visita a Gualeguaychú, para “preocuparse por el aeródromo” de la ciudad. Algo que nada tiene que ver con su tarea específica de defender el patrimonio entrerriano.

A continuación recuerda que, cuando se regulan los honorarios a los abogados actuantes, que podían cobrarlos de la empresa Altos de Unzué, la Municipalidad de Pueblo Belgrano o la Secretaría de Ambiente, a elección de los letrados, el Fiscal de Estado se apresuró a depositar todos los importes, en nombre del Estado provincial. Evitando así que se ejecutara a la empresa o a la municipalidad condenadas. Y perjudicando a la provincia, en vez de defenderla.

En su presentación, Majul acusa al Fiscal de Estado de ejercer una enfática defensa de la empresa condenada, basada “en triquiñuelas leguleyas, distorsionando la verdad”. Recuerda que el Fiscal se basa en su afirmación dogmática que la única habilitada para opinar sobre el sentido de la sentencia judicial de la Corte Suprema y del Superior Tribunal es la Secretaría de Ambiente, que es una de las condenadas en ambas sentencias. Considera que Rodríguez Signes despilfarra fondos provinciales para “Defender semejante bolazo”.

Majul formula muchas otras consideraciones sobre el tema, y afirma que “lo peor del Fiscal de Estado es que desenmascara su rol de defensor del interés particular de una empresa, siendo que la razón de su existencia es, según la Constitución, defender el patrimonio del Estrado provincial”.

Finaliza pidiendo al Juez que rechace la presentación del Fiscal por “improcedente e inconstitucional”.

Recordemos que el Juez Mudrovici ya había rechazado el escrito del Fiscal, antes de recibir la presentación de Julio Majul. Y que éste recibió la resolución del Juez, rato después de enviar su escrito, que aún espera respuesta.