Bahillo presentó un proyecto de Ley sobre el Sistema de responsabilidad Penal

“Este proyecto se orienta a un análisis más profundo de la situación. Venimos trabajando en una propuesta que no se reduce a soluciones coyunturales sino que está fundamentado en un conocimiento detallado de la realidad”, afirma Bahillo y remarca: “El texto cumple con todas las pautas que recomiendan las normas internacionales, entre ellas, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño- que para nuestro país tienen rango constitucional- y en un Estado de Derecho, deben ser respetadas”.

En la redacción de este proyecto, han sido fundamentales los aportes teóricos y doctrinarios del Doctor Pablo A. Barbirotto, Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Entre Ríos. Especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ex defensor de Pobres y Menores N°8 de Paraná, Entre Ríos y coordinador General del Anteproyecto de Ley Procesal Penal Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Entre Ríos, Ley 10.450. “Nos preocupa que en nuestro país los procesos judiciales que involucran a las personas menores de dieciocho años se rigen actualmente según el Decreto Ley 22.278 sancionado en 1980, durante el último gobierno de facto” expresa el diputado haciendo referencia a lo establecido en el 2018 por el Comité de los Derechos del Niño, en su documento Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina, donde expone “sus preocupaciones por el estado de la administración de la justicia Juvenil y realiza una serie de recomendaciones a nuestro país. En el apartado 43 establece su profunda preocupación porque la mayoría de sus recomendaciones anteriores sobre la administración de Justicia a menores no se han aplicado”. Bahillo sostuvo que: “Como integrante del Poder Legislativo Nacional esta realidad nos interpela de manera directa y nos obliga a actuar responsablemente. Es imprescindible que los procesos penales que involucran a las personas menores de dieciocho años de edad se rijan conforme a una normativa propia de un Estado de Derecho y que estén adecuados al mandato constitucional”.