Un total de 1060 vacas fueron secuestradas en el sur de Córdoba durante un operativo judicial vinculado a una presunta estafa millonaria en el comercio de ganado. El procedimiento se concretó en un establecimiento rural de Chaján, tras una investigación que involucró exhortos entre la Justicia pampeana y cordobesa y que buscaba localizar hacienda denunciada como sustraída. La causa se inició en mayo del año pasado, luego de la denuncia de la empresa San Jorge Cereales y Hacienda S.A., de Rancul, La Pampa, que aseguró haber sido víctima de una maniobra cercana a los 800 millones de pesos mediante operaciones con cheques sin fondos en la compraventa de animales.

Cómo se movió la hacienda y el avance de la causa

Según la investigación, los animales fueron trasladados primero a un establecimiento en Buenos Aires y luego derivados a un feedlot en Chaján. La Fiscalía sostiene que el objetivo habría sido ocultarlos y dificultar su localización, a la espera de su venta en remates ganaderos o eventual envío a faena frigorífica. Durante el allanamiento, policías locales y la unidad de investigaciones de Río Cuarto se encontraron con resistencia del titular del campo y algunos peones, que intentaron obstaculizar el procedimiento.

Por el hecho ya fueron imputadas dos personas oriundas de General Pinto (Buenos Aires), vinculadas a la firma San Pablo Oeste S.A. Inicialmente estuvieron bajo arresto domiciliario durante tres meses y ahora continúan en libertad con medidas judiciales restrictivas. La Fiscalía analiza además una posible imputación por encubrimiento del propietario del establecimiento cordobés donde se hallaron los animales, bajo la hipótesis de que habría acordado con los imputados el resguardo, engorde y posterior comercialización de los vacunos.

Finalmente, por orden judicial, los 1060 animales fueron restituidos a la firma denunciante y trasladados a un campo propio en Fortuna, San Luis. La restitución se considera un capítulo clave dentro de una de las investigaciones por estafa ganadera más relevantes de los últimos años en la región pampeano-cuyana. Aunque el grueso de la hacienda fue recuperado, el proceso penal continúa y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de la acusación.