La causa que involucra al Parque Industrial de Gualeguaychú continúa avanzando bajo estricta reserva judicial. Tras la audiencia pública realizada a fines de abril, el juez federal Hernán Viri decidió decretar el secreto de sumario, una medida que busca preservar la investigación y evitar filtraciones que puedan entorpecer el proceso. El eje del conflicto gira en torno al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, cuestionada por presuntas irregularidades que podrían afectar tanto al ambiente como a la salud de la población.

Posición de la fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal federal Pedro Rebollo solicitó la clausura inmediata de la planta de tratamientos, argumentando que su operatividad no garantiza el cumplimiento de los parámetros exigidos por la normativa vigente. Además, pidió una nueva pericia técnica y estableció que, hasta tanto no se concluyan las obras de mejora que las empresas aseguran estar realizando, cada firma del predio deberá hacerse cargo individualmente del tratamiento de sus residuos. Según Rebollo, la situación representa un riesgo concreto y requiere medidas urgentes.

La postura de la fiscalía generó un fuerte contrapunto con los representantes de Codegu, la corporación que administra el Parque Industrial. Desde la entidad sostuvieron que la planta funciona correctamente y que cumple con los estándares establecidos. Aseguraron que la clausura sería una medida desproporcionada, con consecuencias negativas inmediatas: paralizar el sistema, advirtieron, podría derivar en un “caos operativo, sanitario y ambiental” que impactaría directamente en la calidad de vida de los vecinos. Para Codegu, la continuidad de la planta es indispensable para evitar que los residuos industriales se viertan sin control.

Antecedentes y denuncias

El caso tiene antecedentes que explican la tensión actual. En agosto de 2025, el Juzgado Federal ordenó un allanamiento en la planta de efluentes tras denuncias por contaminación del río Gualeguaychú. La Policía Federal tomó muestras que fueron analizadas en laboratorios especializados. Los informes revelaron que, si bien los metales detectados estaban dentro de los límites permitidos, se halló presencia de Escherichia coli, una bacteria que sí representa un riesgo para la salud y el ambiente. Este hallazgo fue considerado por el juez Viri como un indicio de delito, enmarcado en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Las denuncias iniciales señalaban fallas en el sistema desde febrero de 2025 y una paralización total en mayo de ese año, atribuida a la falta de mantenimiento y control por parte de las industrias del predio. Desde entonces, la investigación se ha profundizado con pericias técnicas y declaraciones de especialistas del Departamento Ambiental de la Policía Federal. El juez Viri, en entrevistas previas, reconoció que “la situación del lugar es preocupante” y que la presencia de bacterias en el agua constituye un factor de riesgo que no puede ser desestimado.

Ahora, con el secreto de sumario decretado, la causa entra en una etapa decisiva. El magistrado deberá evaluar si da lugar al pedido de clausura formulado por la fiscalía o si considera suficientes las garantías ofrecidas por los empresarios. La resolución tendrá un impacto directo no solo en el funcionamiento del Parque Industrial, sino también en la comunidad de Gualeguaychú, que sigue con atención cada paso del proceso. La tensión entre la necesidad de preservar el ambiente y la continuidad de la actividad económica marca el pulso de un conflicto que aún no encuentra solución definitiva.