La audiencia por el futuro del Parque Industrial Gualeguaychú a raíz de la causa por contaminación que impulsa la Justicia Federal, culminó con el requerimiento del fiscal Pedro Rebollo de clausurar la actividad de la planta de tratamiento de efluentes. El juez Hernán Viri lo definirá próximamente.
Jueves, 23 de Abril de 2026,
11:44
Redacción EL ARGENTINO
Durante la audiencia pública realizada en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, la Fiscalía Federal solicitó la clausura de la Planta de Efluentes del Parque Industrial, en el marco de un proceso judicial que investiga episodios de contaminación registrados desde enero de 2025. En la instancia también expusieron representantes de la Corporación del Desarrollo, vecinos del barrio Don Pedro, peritos y la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, quienes aportaron sus perspectivas sobre el funcionamiento de la planta y las obras de remediación en curso. El pedido de cierre se suma a un debate que pone en el centro la relación entre producción industrial y cuidado ambiental en la ciudad.
"Es algo que tengo que evaluar profundamente y en los próximos días resolveré. Voy a tomar unos días para analizar y evaluar las consecuencias y el expediente, pero por el otro lado me pareció que el avance en el Parque Industrial, si bien hay que corroborarlo, es bastante alentador, por lo cual tengo que analizar todas las aristas”, declaró a EL ARGENTINO el juez Federal Hernán Viri, al cierre de la audiencia que se realizó en la mañana de este jueves en el Centro de Convenciones.
"No quiero adelantar, pero antes de cualquier decisión quiero corroborar absoluta certeza todas las cuestiones y hay cosas que tengo en mente llevar adelante".
La audiencia también incluyó la voz de los vecinos, algo que el juez valoró especialmente, al respecto señaló: "Fue importante escuchar a la parte afectada porque es uno de los principales afectados por la cuestión ambiental” y además “cuando la Justicia adopta una decisión de una implicancia como esta, haber escuchado a todas las partes involucradas tiene muchísima más legitimación”.
“Es algo que el juez debe ser prudente y debe analizar bien porque las consecuencias pueden ser graves. Tengo presente los 2400 puestos de trabajo directo que hay en el PIG y los 10 mil indirectos, pero también por otro lado sé claramente que cuando se afecta el medio ambiente a veces tarda muchas veces en recuperarse y en otras veces es imposible. Por eso hay que ser prudente teniendo en cuenta estas variables”, comentó Viri.
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