Sillas con nombres pegados. Una forma de manifestar que ese lugar es de alguien. Alguien que, por algún motivo, no está. Esta es una imagen que se ve en el Hospital Laura Bonaparte, un centro especializado en Salud Mental y Consumos Problemáticos, dependiente del gobierno nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pasado miércoles 15 de enero, el Ministerio de Salud de la Nación despidió 200 trabajadores del hospital (en el marco del anuncio de 1.400 despidos en toda esa Cartera). “Este anuncio es parte del proceso de reestructuración que el gobierno nacional viene desarrollando desde el año 2024 en el campo de la salud”, dice un comunicado proveniente de “@enluchaelbonaparte”.

Asimismo, se sostiene que esta medida es un nuevo intento de cerrar el hospital, que ya había sido atacado en octubre del año pasado. Sin embargo, tras movilizaciones en defensa de la salud pública, el gobierno tuvo que desactivar aquel intento. Para conocer más sobre lo ocurrido el miércoles, EL ARGENTINO se comunicó con Leonardo Fernández Camacho, abogado y delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital.

- ¿Cómo se enteraron que 200 de sus compañeros fueron despedidos?

- El día miércoles, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, los profesionales empiezan a recibir los telegramas de despido. Llegaron a casi 200. Eso implicó que el hospital, como los despidos eran de cumplimiento efectivo para ese día, ya empiece a tener deficiencias en la atención. Por ejemplo, la médica psiquiatra de guardia fue despedida, así que ese mismo día ya no hubo atención psiquiátrica.

- ¿Qué implica para el hospital contar con 200 menos trabajadores?

- La gran implicancia es que directamente no tenemos hospital: no tenemos capacidad operativa. Somos alrededor de 500 trabajadores, la reducción de 200 nos implica un 40% del personal. La mayoría son profesionales, por lo tanto, hay miles de pacientes que van a quedar sin atención, pacientes que venían con tratamientos, ya sea adultos, niños, adolescentes, todos con problemáticas de salud mental, quedan sin la posibilidad de continuar con su tratamiento. Además, al verse afectados los servicios de urgencia, no tenemos guardia. Para la gente que venga con alguna descompensación o con algún brote, no tenemos posibilidad de abordarlo. También la internación fue diezmada con la mitad del equipo: tenemos alrededor de treinta internados ahora, así que no hay equipo para esos pacientes.

- ¿Quiénes sufren las consecuencias de estas medidas?

-La consecuencia es muy dura para la población. Nosotros atendemos a los sectores más golpeados, más vulnerables, y en este último tiempo sectores de clase media que han perdido trabajo y demás, también se hicieron presentes. Los recursos con que nosotros contamos no están en otros hospitales o centros de salud. Sin embargo, echaron al único psiquiatra infantil juvenil que teníamos, por lo tanto, no hay más atención psiquiátrica para los niños y niñas que hacían tratamiento acá. Echaron a casi todos los trabajadores de la farmacia, por lo tanto, no tenemos cómo se expida la medicación. Echaron a la única odontóloga pediatra que tenía el hospital, por lo tanto, los chicos tampoco van a poder acá acceder a una atención odontológica. Son especialidades muy puntuales que tenía este hospital por ser referencia nacional que se verán afectadas.

- ¿Qué medidas se están tomando?

-Nosotros arrancamos ese mismo día que empezaron a llegar los telegramas: convocamos como sindicato a una reunión en el hospital, a las 12 de la noche de ese miércoles. A la madrugada del jueves ya estábamos reunidos en asamblea y decidimos iniciar una permanencia en el hospital, como ya habíamos tenido el 4 de octubre (cuando fue el intento de cierre). El vaciamiento del hospital, recortarle casi la mitad del personal es sinónimo de cierre. Es completamente inviable, no tenemos capacidad operativa como efector de tercer nivel de salud pública.

- ¿Crees que hay que ser optimista con respecto al futuro?

-Es una pregunta complicada, en este momento tan complejo somos optimistas puntualmente porque creemos en el trabajo que veníamos haciendo y que hacemos, y lo importante que es para la sociedad. Eso es lo que nos da fuerza: estamos convencidos de que es el sector público que tiene que brindar estas prestaciones para toda la población. Ese optimismo se ve afectado cuando vemos la política de crueldad absoluta que está teniendo este gobierno, sobre todo desde la asunción de Mario Lugones en el Ministerio de Salud. Desde que asumió, no encontramos nunca una política constructiva o de mejora de la salud, sino que está todo vinculado y dirigido hacia la destrucción absoluta. La dirección de su gestión está exclusivamente direccionada hacia el desmantelamiento: vamos camino a eso dejando afuera a miles de argentinos y argentinas de la posibilidad de acceder a un tratamiento de salud mental.