La decisión fue ratificada este miércoles por el juez de Garantías, Sebastián Elal, en una audiencia donde fiscalía, defensa y querella acordaron extender su detención en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

Acuña fue arrestado el 24 de diciembre de 2024, luego de que un joven de 24 años denunciara haber sido víctima de abuso una década atrás, cuando era menor de edad. Según la fiscal Mariángeles Schell, el caso podría ser "la punta del iceberg", ya que investiga posibles delitos de corrupción de menores. Las pruebas incluyen más de 8.000 fotografías halladas en 35 pendrives incautados durante un allanamiento, junto a 420 gramos de cannabis y 19 plantas de marihuana, que excedían el límite permitido para su cultivo autorizado.

La denuncia y las pruebas

El denunciante relató que, en 2014, Acuña lo contactó por Facebook ofreciéndole drogas y dinero a cambio de encuentros sexuales, que luego eran registrados en fotografías. Estas imágenes habrían circulado en redes sociales, lo que motivó la investigación. La defensa, a cargo del abogado Javier Ronconi, argumentó que el material se viralizó tras el robo del celular de Acuña, aunque no presentó denuncia por el hecho.

Pese a ello, la Justicia consideró suficientes las pruebas para mantenerlo detenido. Además, la UADER lo suspendió de sus cargos —entre ellos, docente de Derechos Humanos y coordinador de Inclusión Estudiantil— e inició un juicio académico. La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud destacó en un comunicado que los hechos "afectan a toda la comunidad universitaria".

Posible salida alternativa

Ronconi adelantó que buscará un "juicio abreviado" para evitar la exposición masiva de potenciales víctimas. "Si se abren los pendrives, podrían verse afectadas centenares de personas", afirmó, reconociendo que, de probarse los cargos, Acuña enfrentaría una condena de 6 a 15 años.

Mientras la causa avanza, el caso ha generado conmoción en Gualeguay y en la UADER, donde Acuña también era capacitador en la Ley Micaela. La fiscalía continúa analizando el material incautado para determinar si existen más víctimas.