A fines de diciembre se confirmó el archivo de la denuncia que había realizado el intendente Mauricio Davico -en mayo- por la colocación del tanque de agua del Parque Municipal de Industrias Secas, porque no se pudo “recrear un ilícito penal por falta de elementos”. Para ese momento ya se había ensuciado el nombre de dos ex funcionarios, que durante el gobierno anterior habían demostrado idoneidad y compromiso con la función pública.

Pero antes que todo eso ocurriera, en el 2020, el actual secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, el actual responsable de la Regional Sur del IAPV, Pablo Echandi, y Alejandra Leissa, que eran flamantes concejales de la oposición, realizaron una denuncia contra el ex director de Deportes, Adrián Romani, y sobre quien estaba a cargo del Autódromo Gualeguaychú, Emanuel Arenas.

Si bien en ese momento Mauricio Davico era intendente de Pueblo General Belgrano, todos los involucrados formaban parte de una alianza política con fines electorales que iban a buscar ganar la Intendencia en 2023, y todos – a salvedad de Leissa - forman parte de la actual gestión municipal.

Esa acusación, que tuvo como principal objetivo el impacto mediático, se refirió a cobros indebidos por la utilización del autódromo, que no eran declarados en las arcas municipales. Mauricio Guerrero fue el fiscal que tomó la investigación. Luego, este funcionario judicial abandonó el cargo en Gualeguaychú en 2022 para asumir esa misma función en Concordia.

Con este cambio, la causa recayó en el fiscal Jorge Gutiérrez, quien trató de sobrellevarla con lo poco que había realizado su colega.

Lo cierto es que este lunes se realizó una audiencia ante el juez de Garantías N°2 de Gualeguaychú, Ignacio Telenta, en donde el fiscal Gutiérrez requería una prórroga para seguir con la investigación y de esa forma analizar si se podía avanzar en una acusación seria y en un hipotético juicio, pero en realidad sucedió todo lo contrario. El magistrado terminó sobreseyendo a Romani y Arenas, y dispuso que no se hiciera lugar al recurso de apelación.

Los abogados defensores, Leandro Ferrando, Ignacio Boladeres y Martín Britos, se opusieron a que se autorizara una prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) argumentando sobre los débiles argumentos que tenía la acusación sobre los delitos que se les endilgaba a los ex funcionarios y requirieron el sobreseimiento.

Finalmente, el magistrado declaró la “inadmisibilidad de la evidencia recolectada por el Ministerio Público Fiscal”, dispuso no hacer lugar a la prórroga de la IPP solicitada por la Fiscalía y dictó el sobreseimiento de los co-imputados Arenas y Romani. Por último, también resolvió no hacer lugar al recurso de apelación que en esa misma audiencia presentó el fiscal.