El abogado victoriense Carlos Reggiardo amplió ayer, en el primer día hábil tras la feria judicial de enero, la denuncia por mal desempeño y ratificó el pedido de destitución del Procurador General, Jorge Amílcar García.

El letrado sumó el cargo de “abuso de autoridad e incumplimiento” por el modo en que se resolvió una denuncia que pesaba contra integrantes del directorio de la Caja de Jubilaciones de Diamante por haber extraído fondos públicos de modo irregular. El Jurado de Enjuiciamiento se reunirá el próximo miércoles a las 18.

El caso había sido denunciado por un grupo de concejales del PJ contra la administración del intendente de Diamante Lénico Aranda (Cambiemos), pero se resolvió mediante una audiencia de conciliación en la que el fiscal Gilberto Robledo acordó que los denunciados devolviesen el dinero desviado, 16.500 dólares, en un plazo de seis meses. Reggiardo señala en su denuncia que ese acuerdo se hizo en base a instrucciones del Procurador.

“Esto da muestras una vez más de la falta de objetividad, la arbitrariedad y la parcialidad con la que el Procurador se mueve, como un monarca que resuelve según la persona aplicar todo el rigor de la ley o perdonar como una indulgencia divina”, dice el escrito del abogado que presentó ayer ante el Jurado de Enjuiciamiento.

“Tenemos un Procurador que en casos como el de (el ex intendente de Gualeguay) Luis Erro, donde hay un perjuicio de 100 pesos de luz, para un acto político sin fines de lucro, va a fondo y solicita la condena más elevada; y en este caso aplica aparentemente el principio de insignificancia o no sé qué otro criterio monárquico, que perdona la malversación de más de 16 mil dólares, con la gravedad que se realizó, según se denunció y se aportó prueba, con falsificación de actas de asamblea, y una serie de irregularidades como la firma del presidente que ya había renunciado y se había designado reemplazante”, agrega la presentación, publicó el sitio Entre Ríos Ahora.

El primer pedido de jury al Procurador fue presentado en noviembre, aunque el trámite tuvo un derrotero polémico. Finalmente, a finales de diciembre el Jurado de Enjuiciamiento dio entrada a la denuncia. Entonces, los siete integrantes del órgano decidieron “correrle vista al funcionario, por el término de ley, a fin de que formule su descargo, de conformidad a lo previsto en los Artículos 20°, 24° y 38° de la Ley N° 9.283 y modificatorias”.

Reggiardo había solicitado “la apertura del procedimiento de remoción del fiscal denunciado, ordenando la suspensión y oportunamente la destitución” del jefe de los fiscales, y fundó esa petición en una serie de planteos, como “falta de idoneidad”, “incumplimiento del deber de acusar” en el jury al juez de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, sometido a investigación por su actuación en la liberación del femicida de Micaela García, Sebastián Wagner; también por “denegatoria del derecho de acceso a la información”; por la designación de fiscales auxiliares sin dar intervención al Consejo de la Magistratura; por “tráfico y abuso de influencias”; y, entre otros reproches, por “operaciones de prensa”.