La representación argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) le pidió al Senado que deseche el proyecto de "ley antimafia", que tiene media sanción y entra en la agenda de las sesiones extraordinarias. Es una de las ideas impulsadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentada como un eficaz instrumento contra el crimen organizado que establecerá "zonas de investigación especial" a pedido de su cartera, fiscales o gobernadores, con aprobación de un juzgado.

Serán lugares donde reine un estado de excepción que, según advierten esa y otras entidades "altera las reglas constitucionales que autorizan el estado de sitio". Policías y fiscales podrán hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial. Sin embargo, agregan especialistas, la reforma deja afuera a los "actores mafiosos que tienen real dominio de los mercados criminales", lo que debería ser su núcleo.

Excluye del radar el financiamiento de organizaciones delictivas. Hasta un integrante de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, señaló al Congreso que "se omiten delitos económicos y financieros", esenciales para entender cómo operan "los grupos ligados al narcotráfico como ocurre en Rosario", según informó Irina Hauser en Página 12.

Las palabras del supremo santafesino ganan relieve si se tiene en cuenta que Bullrich anunció esta ley como respuesta a un pico de violencia en Rosario vinculada a organizaciones criminales que incursionan en el narcotráfico y otros delitos.

El texto antimafia modifica la figura de asociación ilícita y la agrava. Prevé aplicarla para una lista de delitos cuando estén "verosímilmente" (sic) "vinculados con una organización criminal". Incluye narcotráfico, lavado, homicidios, lesiones, pornografía infantil, secuestros, extorsión, trata, tráfico de órganos, robo simple y agravado hasta corrupción de menores, grooming y delitos en la función pública (cohecho, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, negociaciones incompatibles).

Erbetta, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario, prevé que ese catálogo de delitos dará pie a arbitrariedades. Recordó que los delitos de corrupción ya se usaron para enjuiciar "en casos lawfare", en alusión a causas armadas con fines políticos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) agregó otro ángulo: los criterios para definir cuándo está actuando una "organización criminal" son "vagos" y "orientan la intervención hacia los barrios pobres". "La idea de 'organización criminal' --dijo-- quedaría circunscripta a aquellas que actúan en villas o asentamientos. Esta idea sesgada y estigmatizante deja por fuera los aspectos más críticos del funcionamiento de las organizaciones criminales: su financiamiento y su sostenibilidad a partir de la connivencia con policías, políticos y funcionarios judiciales".

Estado de sitio

Copaju es una organización que defiende la justicia social, que sigue los preceptos del Papa Francisco y nuclea a jueces y juezas de América. El "Capítulo argentino" presentó un escrito ante los presidentes de bloque del Senado que alerta que la llamada "Ley Antimafia" "bajo el argumento de combatir el crimen organizado, violenta gravemente garantías consagradas por la Constitución Nacional, las reglas del debido proceso y lo dispuesto en tratados internacionales sobre derechos humanos”.

Dicen que se alteran las reglas constitucionales del estado de sitio, ¿Por qué? Porque la ley en cuestión reemplazaría al concepto como lo define la carta magna. Suspenderá las garantías constitucionales en las "zonas sujetas a investigación especial" en "la provincia o territorio donde exista perturbación del orden" a pedido de fiscales o el Ministerio de Seguridad, sin la autorización del Congreso que prevé la Constitución.

La ley antimafia con media sanción les da a las fuerzas de seguridad y fiscales la facultad de detener personas por "averiguación" por 48 horas sin orden judicial.

Es una excursión de pesca --funcional a capturar por portación de rostro, señalan varias presentaciones ante el Congreso--, que reemplaza la exigencia legal de "sospecha de comisión de un delito" en la llamada zona especial (que pueden ser varias ciudades o un área geográfica). La detención se puede prorrogar hasta 30 días.

Del mismo modo se permite extender ese estado de excepción a más lugares por la sospecha de delitos conexos. Lo puede hacer un gobernador o fuerzas de seguridad. También vale trasladar los allanamientos iniciados a domicilios que no hubieran habilitado los jueces. Y lo mismo con la interceptación de llamadas, mensajerías de redes sociales, plataformas virtuales y otras vías: pueden ampliarse sobre comunicaciones que que continúen una cadena de interceptaciones que no hayan sido ordenadas por el juzgado.

Según Alejandro Alagia, profesor titular en la facultad de Derecho de la UBA, el problema es más grande que la suspensión de garantías. "No se trata simplemente de un proyecto de ley contrario a la Constitución, como muchas de las leyes que se sancionaron en la última década", dijo. "La ley antimafia es otra cosa muy distinta que no pertenece a la democracia porque le sustrae a las mayorías la decisión sobre la vigencia de los derechos en situaciones excepcionales.

Con otro lenguaje y bajo la apariencia de una reforma del delito de asociación ilícita asistimos a la media sanción de una ley que reforma el estado de sitio constitucional", sostuvo Alagia --también fiscal en causas por crímenes del terrorismo de Estado-- en una nota que envió al Senado. En el texto agrega los reproches a la figura de asociación ilícita, que no castiga un delito sino la preparación, y de la que los tribunales federales abusan adaptándola a su gusto.