La causa Etchevehere llega a Casación tras más de una década judicial. El expediente, que se inició en 2013 por una denuncia de Dolores Etchevehere contra su madre y sus tres hermanos, lleva casi 15 años sin una resolución definitiva sobre la situación procesal de los acusados.

La causa investiga una presunta maniobra de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, y el desvío de créditos otorgados a la firma Las Margaritas S.A. con fines productivos. Entre los procesados figuran el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, su madre Leonor Barbero Marcial, los empresarios Walter y Viviana Grenón, y el pizzero Germán Buffa.

Según la imputación fiscal, en 2011 los Etchevehere, como directores de Las Margaritas S.A., tomaron créditos por U$S 250.000 a tasa subsidiada para actividades productivas, pero el dinero fue destinado a fines personales. Además, se sostiene que devolvieron esos fondos a la sociedad en pesos, generando pérdidas por la devaluación y obligando a la empresa a intentar tomar otro crédito en 2016, operación que finalmente fue frustrada.

El segundo hecho investigado involucra la venta de una serie de inmuebles pertenecientes a SAER a sociedades controladas por los mismos imputados o sus allegados, como Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A. El Ministerio Público sostiene que las operaciones fueron realizadas con el objetivo de beneficiarse patrimonialmente, dejando a SAER sin activos con los que hacer frente a sus obligaciones.

En un primer fallo, la jueza Bacaluzzo había dictado sobreseimientos en varias de las imputaciones, pero el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná –integrado por los jueces Labriola, Castagno y Mayer– revocó esas decisiones en mayo de 2024 y ordenó remitir parte del caso al fuero federal.

Frente a ese revés, las defensas presentaron un recurso de casación que fue admitido por el tribunal por considerar que hay derechos constitucionales en juego, entre ellos el derecho al "doble conforme" y a una resolución judicial en un plazo razonable. El propio abogado de la familia Etchevehere cuestionó la demora de la Justicia y afirmó que el proceso se vio afectado por la falta de recursos en el sistema judicial.

La Cámara de Casación deberá ahora definir si confirma los procesamientos o si corresponde revisar la actuación de la jueza Bacaluzzo. La causa, que generó amplio interés público por los personajes involucrados y las denuncias de corrupción empresarial, continúa sin sentencia firme tras casi tres lustros de idas y vueltas en los tribunales entrerrianos.