Oyarbide afronta tres expedientes en el Consejo: el primero iniciado por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, otro por los abogados del sindicalista Juan José Zanola (a quien el juez mantuvo preso por dos años en la cusa por la mafia de los medicamentos), y un tercero a raíz de una presentación de la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich.

A raíz de esas presentaciones, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo aprobó un pedido de informes que requirió el consejero y senador de la UCR Mario Cimadevilla, instructor de las causas en el organismo encargado de analizar la conducta de los jueces.

"La Comisión aprobó un paquete de medidas tendientes a determinar si el magistrado cuenta con recursos económicos suficientes para adquirir la alhaja", contó una fuente a Noticias Argentinas.

En ese sentido, se le pidió al juez la factura de compra del anillo, sobre el cual primero el juez habría confesado a empleados de su juzgado que tenía un valor de 250 mil dólares y que luego, a raíz de una causa penal en su contra, manifestó en un escrito que abonó 7.500 dólares a una joyería de Punta del Este para obtenerla en concesión.