La instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, a tan solo 3.000 metros de la costa de Colón, reavivó un conflicto ambiental que trae a la memoria las tensiones bilaterales de hace dos décadas por las pasteras frente a Fray Bentos.

A pesar de que se anunció una “relocalización” del proyecto, asambleístas y vecinos aseguran que los cambios son mínimos -no una relocalización-, y que la preocupación por los impactos ambientales sigue vigente.

Desde inicios de 2025, la Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, junto a otras organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados, comenzaron a reunir información técnica y legal sobre la refinería de combustibles sintéticos impulsada por la empresa HIF Global y el gobierno uruguayo. El eje del reclamo apunta a la cercanía con la ciudad entrerriana y la magnitud del emprendimiento, que prevé la producción de más de 500.000 toneladas de metanol por año; lo que comúnmente se conoce como alcohol de quemar.

En diálogo con EL ARGENTINO, Carlos Serratti, integrante de la Multisectorial Colón, cuestionó duramente los recientes anuncios. “Los primeros días de julio aparece una ‘reubicación’, pero dentro del mismo predio. Se achica un poco la superficie en un 35% por nuevos dispositivos tecnológicos, pero el proyecto en sí no cambia. Nosotros pedíamos una relocalización real, no un cambio de lugar dentro del mismo terreno”, explicó.

Desde la organización, difundieron un comunicado titulado: “De correrla un poquito a prácticamente no correrla nada”, donde advierten que la nueva ubicación continúa en el mismo padrón previsto frente a Colón. Además, alertan que, durante la etapa de construcción, estimada en tres años, todos los materiales serán transportados por barcazas sobre el río Uruguay, lo que implica la construcción de amarras especiales frente a las playas colonenses.

Críticas al silencio institucional

Uno de los aspectos que más inquieta a los ambientalistas es la falta de reacción por parte de los representantes políticos. “Percibimos una timidez alarmante en los reclamos. No hubo energía ni firmeza desde la Provincia ni desde la Cancillería argentina. Están queriendo imponer una mal llamada re localización como si fuera tal, y no lo es. Sólo se reubicaron dispositivos tecnológicos en el proyecto de la planta, pero no se movió ni un metro. Esto debería haber sido resuelto en las esferas de Gobierno, pero la empresa parece tener la última palabra”, advirtió Serratti.

En Uruguay, el respaldo político al proyecto es explícito. El presidente Yamandú Orsi declaró en junio en el diario El Observador, que la planta “no contamina las aguas, sino que es visual”, intentando minimizar el impacto ambiental. A su vez expresó que “hay que buscarle la vuelta” y “no cometamos los mismos errores que cometimos antes”, refiriéndose al conflicto histórico con las Papeleras. También afirmó que el gobernador Rogelio Frigerio “tiene claridad sobre los detalles técnicos del proyecto”.

No obstante, Serratti expresó que la comunidad de Colón se siente desinformada y excluida del debate. “En Uruguay están defendiendo a capa y espada este proyecto, con la promesa de empleo, como pasó con las pasteras. Pero hay confidencialidad en los datos, no hay claridad. Si conocen los detalles, sería bueno que los compartan con nosotros”, reclamó.

Sobre la postura del intendente de Colón, José Luis Walser, Serratti fue tajante: “El mismo Intendente dijo en un documental, que se enteró de este tema por los medios. Sabemos que se reunió con el intendente de Paysandú, pero no hubo ningún comunicado. Estamos en una situación de incertidumbre, con autoridades que no tienen experiencia y plantean el tema con mucha tibieza”.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, es uno de los principales impulsores del proyecto. “Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no a 3.000 metros de otra ciudad. Colón vive del turismo y la producción de alimentos, dos sectores que pueden verse gravemente afectados”, agregó.

La semana pasada, durante una visita de Frigerio a San José, integrantes de la Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, le entregaron en mano una solicitud de audiencia. “Le dejamos nuestros contactos, se mostró receptivo, pero hasta ahora no tuvimos respuesta. Esto nos excede como vecinos. No tenemos poder institucional, solo expresamos con argumentos lo que nos preocupa”, concluyó.

Riesgos por escala y falta de antecedentes

Uno de los puntos más sensibles del reclamo está relacionado con el nivel de producción previsto por la planta y la falta de antecedentes de la empresa a esa escala. “Van a producir 560.000 toneladas de metanol al año, pero lo máximo que hicieron en Chile fueron 4.000 toneladas en Punta Arenas. Además, esa planta está a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, no a tres”, alertó Serratti.

Otro aspecto que enciende las alarmas es el uso intensivo de recursos naturales. Según la información técnica reunida por la Multisectorial, la planta requerirá entre 50 y 60 litros de agua por segundo extraídos directamente del río Uruguay para generar hidrógeno mediante electrólisis. A esto se suma la utilización de biomasa forestal para obtener dióxido de carbono y la posterior emisión de residuos industriales.

“Hay una legislación ambiental binacional, pero de difícil acceso. Estamos frente a un marco regulatorio que no se está respetando. No puede ser que en pleno 2025 se decidan estas cosas sin consulta y a espaldas de las comunidades afectadas”, enfatizó.