La multa mínima pasó de $41.500 a $498.000. Además, se anunció la implementación de este sistema para todos los semáforos de la ciudad. El PJ cuestionó los aumentos y votó en contra de los artículos que los estipulaban.

Nueve meses después del convenio firmado entre el intendente Mauricio Davico y el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, mediante el cual la fuerza proporcionará equipos homologados, como cinemómetros (radares) y detectores en semáforos, el Concejo Deliberante aprobó dicho acuerdo. Fue el martes pasado, en la segunda sesión extraordinaria, a la que asistieron todos los concejales, menos Jorge Maradey y María Sira Ghisi (PJ).

El convenio es la base para la implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular, que, en Gualeguaychú, se traducirá en la instalación de cinco cámaras en semáforos y un radar en el acceso sur a la ciudad.

Entre sus objetivos principales está la prevención de siniestros a través de la detección automática de infracciones como exceso de velocidad, paso en semáforo en rojo y giros indebidos.

Las diferencias salieron a la luz cuando desde el PJ cuestionaron el contundente aumento en las infracciones mínimas. “Felizmente, nuestro Intendente aumenta el 1.200% del valor mínimo de las multas. La multa que costaba $41.500 ahora va a costar $498.000”, cuestionó el concejal Emiliano Zapata. Al tiempo que dijo que “prevención no se realiza con este tipo de elementos, lo que se hace es juzgar a quienes ya cometieron una contravención o un delito”.

En esta línea, la concejala Delfina Herlax lamentó que las multas mínimas sean aumentadas en un 1.200%. “Esto no tiene nada más que un fin recaudatorio”, dijo. Al tiempo que aseguró que esto es así “para que pueda cerrar ese negocio entre la empresa, el gobierno y el Estado municipal”.

Las infracciones que se podrán identificar a partir de la instalación de este sistema son: exceso de velocidad (la muta iba de 25 a 1.500 días multa y ahora va de 300 a 1500); el giro a la izquierda (que iba de 25 a 500 DM y ahora va de 300 a 500); y el paso indebido de semáforos.

En este sentido, quien defendió el proyecto primeramente fue el concejal oficialista Juan Pablo Castillo. “Este convenio que felizmente nuestro Intendente ha gestionado para que a la ciudadanía le cueste cero pesos, porque todo el costo del software y de la instalación de las cámaras son por parte de la Provincia. Quiero destacar eso de nuestro Intendente porque él es un obsesivo de la prevención y no hay otro objetivo más que prevenir con este tipo de iniciativas”, dijo.

“En relación a lo que mencionan los concejales, de que va a aumentar 1.200%, esto tiene que ver con una homologación con las multas que se cobran a nivel nacional y a nivel provincial. No es algo descabellado, no es algo que se le ocurra al Intendente, sino que tiene que ver con estar ordenados con la normativa que corresponde”, explicó Castillo. Y agregó: “somos hijos del rigor, si no se multa la gente no aprende, lamentablemente es así”.

El intercambio entre oficialistas y opositores tuvo un capítulo protagonizado por la concejala Vanina Basaldúa. “Esto sí es prevención, Emiliano Zapata. Disculpame que te contradiga, porque no solo la prevención va de la mano de una campaña, sino también de acciones concretas y reales como esta. Porque si yo sé que si paso un semáforo (en rojo) me cobran una multa, muchas veces somos los ciudadanos hijos del rigor, entonces no lo voy a hacer. Ahí estoy previendo accidentes”, argumentó. Y adelantó que las cámaras van a colocarse en cinco semáforos, pero después se van a extender a “todos los semáforos de la ciudad”.

Por su parte, el radical ex oficialista Maximiliano Lesik apoyó el proyecto, pero cuestionó los tiempos del debate y la no convocatoria al juez de faltas a la Comisión Conjuntas. “Hubiese sido acertado proceder con la citación del juez de faltas, porque creo que en la práctica es una de las personas que va estar involucrada con la temática. Hubiese sido muy importante tener su opinión”, indicó.

Asimismo, el concejal que meses atrás quedó en el centro de la polémica por chocar alcoholizado dijo que “el convenio se puede mejorar”, ya que “hay muchas cuestiones que se podrían incorporar, como son otros tipos de faltas, como el no uso del cinturón de seguridad, la utilización del teléfono, la falta de la utilización de casco a la hora de conducir una moto”.

“Me parece muy importante despejar cualquier tipo de dudas sobre lo que podría llegar a considerarse un carácter recaudatorio de este convenio”, expuso, por su parte, Jorge Roko. Y profundizó: “es mucho más lo que gasta el Estado por los accidentes que lo que eventualmente puede ingresar a las arcas del Estado en concepto de multa”.

Por último, la votación se dio en forma nominal y artículo por artículo. En general los once concejales presentes votaron positivamente, pero en particular Herlax y Zapata votaron en contra de los artículos que llevaron el piso de las multas a casi medio millón de pesos.